“Error 503”. Con este mensaje, que anuncia una sobrecarga del servidor, se encontraron cientos de Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) que el pasado lunes 5 de agosto empezaron a utilizar obligatoriamente el nuevo sistema de Libro de Clases Electrónico (LCE) del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). Entre otros contratiempos, el sistema no reconoce al profesor de los cursos, los libros electrónicos que permiten pasar la lista de participantes no han sido cargados al sistema, y existen problemas de seguridad que permiten cambiar información de la competencia.
El nuevo sistema, que desde el principio enfrentó duros cuestionamientos de diversos actores, fue licitado a tres años con un monto total a entregar de hasta $ 1.200 millones, divididos en montos de $ 400 millones anuales y cuyo fin, según las bases publicadas en Chilecompra, es “facilitar el proceso de asistencia, la verificación de identidad y la revisión de los registros”. Pero ha sucedido todo lo contrario. Tal como lo comenta en un correo electrónico el gerente general de una de las OTEC que intentaron usar la nueva herramienta biométrica, “lamentablemente han sido días de mucha presión al tratar de usar el Libro Electrónico, por más que nos preparamos e intentamos que todo resultara como se nos ha solicitado, definitivamente no ha sido posible y el sistema ha sido un fracaso”.
Durante la licitación del LEC, diversos oferentes, según señalaron a este medio, evaluaron las bases como confusas y poco precisas. Más tarde y tras la adjudicación del contrato a Acepta se encontraron con una sorpresa mayor: el director del Sence, Juan Bennett, anunciaba el 30 de abril a través de una carta que a partir del 1 de junio era obligatorio para las OTEC adherir al sistema. Obligatoriedad que jamás fue aclarada durante el proceso, pese a que se consultó en varias ocasiones, lo que cambiaba radicalmente los alcances del negocio. Tampoco ayudó el hecho de que la empresa beneficiada estuviera ligada a Sonda, compañía donde Bennett tiene una participación de casi 1%, y que en 2011 a través de la filial Transacciones Electrónicas S.A. adquirió el 51,1 % de Acepta.com. El otro 49,9 % lo tiene el empresario Jorge Claro, socio del CDF y ex presidente del Club Deportivo Universidad Católica (CDUC).
Este vínculo entre Bennett y Sonda no es menor, ya que su participación en Sonda, según su declaración de patrimonio, alcanza los US$ 10 millones, lo que representa dos tercios de su patrimonio personal, que asciende en total a unos US$ 15 millones en participaciones indirectas y directas. En cifras actualizadas, el 0,9 % de Sonda representa hoy unos US$ 25 millones, tomando en cuenta que la compañía ha más que duplicado su valor.
Además, el gerente general de Acepta, Pablo Izquierdo, tiene el mismo cargo en I-Med, también ligada a Sonda, y que junto a Autentia manejan las bases de datos con información de los usuarios de Isapres y Fonasa, entre otros, y a través de la cual se pueden obtener bonos electrónicos. Otro nexo entre el director del Sence y Sonda es la empresa Orden S.A., adquirida por la compañía de Navarro en 2004, al propio Bennett, que era socio y gerente general. Estos vínculos, que no fueron transparentados por el director del Sence, quien es muy cercano a la actual candidata presidencial y ex ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, quien lo habría instalado en el cargo, levantaron dudas en torno al proceso.
