Los políticos sólo son títeres al servicio de las elites dominantes

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De manera impropia y generalizada, los medios de comunicación califican al conjunto de personas que se dedican a la actividad política en el Parlamento, el Gobierno, los Ministerios y las municipalidades, como “la clase política”. Sociológicamente, sin embargo, las clases sociales están definidas por su relación con los medios de producción. En las sociedades capitalistas existen dos clases fundamentales, con intereses irreconciliablemente contrapuestos. La Burguesía y los Asalariados.

 

La burguesía, compuesta por los propietarios de estos medios, que -además de poseer una serie de características e intereses comunes- se apropian de las plusvalías generadas en el proceso productivo. Y los asalariados, que forman a su vez otra clase social, definida en base a este mismo criterio. Los miembros de esta clase mayoritaria sólo poseen su fuerza de trabajo, su capacidad para producir, que deben vender a los dueños de los medios de producción a cambio de un salario.

 

Por supuesto, junto a estas dos clases -principales precisamente porque entre ellas se produce el conflicto fundamental dentro de esta formación socio-económica- existen otras capas, clases sociales o agrupaciones con carácter de clase. Es el caso de las denominadas “capas medias” (pequeños comerciantes, pequeños propietarios rurales, profesionales privados de la medicina, el derecho, la arquitectura, etc). El concepto de “clase social” se refiere, pues, a grupos de personas que se diferencian de otras por el puesto que ocupan en un sistema de producción social determinado.

 

Quienes -según la denominación impuesta por los grandes medios de comunicación y reproducida acríticamente incluso en los ámbitos de izquierda- constituirían la “clase política”, son en realidad individuos dedicados a una actividad circunstancial y limitada en el tiempo, que no tiene ninguna relación directa con el proceso productivo. Los políticos instalados en las instituciones ni compran ni venden “fuerza de trabajo”. La definición mediática de “clase política”, por tanto, es errónea, intencionadamente confusa y encubridora.

 

Al ser los políticos ejercientes quienes más frecuentemente aparecen en los medios de comunicación, se les presenta como los únicos responsables de los desaguisados que genera la naturaleza contradictoria de la estructura económica capitalista. No es, sin embargo, la mal llamada “clase política” la que se embolsa los miles de millones que genera el sistema de explotación burgués. Los políticos sólo son títeres al servicio de las elites dominantes, que reciben suculentas migajas en compensación por su trabajo bien realizado. Sociológicamente, los políticos del establisment no constituyen, como se dice, una ininteligible “clase social”.

 

No resulta sencillo, sin embargo, categorizar a las miles de personas que se dedican a la actividad política institucional. Pero si entendemos el término “casta” como “el conjunto de individuos especializados por su función en la organización social y que disfrutan de determinados privilegios”, posiblemente ésta resultaría una definición más afortunada que el desatinado término “clase política”. Tener claros estos conceptos resulta fundamental, pues de ello depende que podamos interpretar correctamente el tipo de sociedad en la que nos ha tocado vivir.

 

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¿A QUIÉNES REPRESENTAN LOS POLÍTICOS?

 

Los políticos no son, por tanto, una “clase” social propiamente dicha. Sí representan, en cambio, los intereses de determinadas clases sociales en las instituciones. Esta no es una afirmación gratuita. Cualquier ciudadano medianamente atento a la actualidad económica puede descubrirlo por sí mismo. Cuando las mayorías parlamentarias dan su aprobación para que el Ejecutivo ponga en manos de las grandes corporaciones privadas empresas estatales, ¿los intereses de quiénes están defendiendo? Cuando deciden perdonar impuestos a los grandes empresas, ¿están defendiendo los intereses de la mayoría de los ciudadanos?. Representan los intereses de las clases hegemónicas de la sociedad.

 

LA FARSA DE LA DEMOCRACIA

 

La dinámica del proceso político de los últimos años ha ido forjando una polarización entre dos coaliciones de partidos políticos, la Concertación/Nueva Mayoría y la Alianza UDI/RN. Teóricamente, el primero representaría a “la izquierda”, a los sectores populares, a los asalariados; mientras que el segundo aparece ante la sociedad como el genuino valedor del libre mercado, de las capas medias altas, de la tradición y de las clases poderosas. Sin embargo, tal imagen es en gran parte un puro espejismo engañoso que responde a un diseño impuesto deliberadamente. Ambas organizaciones políticas han respondido siempre, con ligeras diferencias de matices, a la voz de los que realmente gobiernan: las clases que detentan el poder económico.

 

El régimen político, que no solo acumula su propia experiencia sino también la de otros Estados con más larga trayectoria en la institucionalidad histórica burguesa, ha construido un sistema de alternancia mediante el cual ambos partidos se reparten periódicamente la responsabilidad de la Administración del Estado, de los llamados poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero, contrariamente a lo que generalmente se piensa, el aparato de la Administración del Estado no es “El Poder”. El Poder efectivo, aquel que realmente determina el sistema económico que debe regir al conjunto de la sociedad, emana de otras áreas, y es detentado con exclusividad por las clases socialmente hegemónicas.

 

Obviamente, ni uno ni otro partido cuestionan la existencia del sistema capitalista. Ambos coinciden en que éste es inamovible y en que, en cualquier caso, lo que puede intentarse es corregir sus aspectos más lacerantes. Cuando en determinadas circunstancias el sistema, por la naturaleza misma de sus contradicciones, entra en una fase de peligro o es cuestionado por sectores situados fuera de él, ambos bandos defenderán al unísono y con toda energía su existencia, utilizando para ello, si es preciso, todos los mecanismos represivos que el Estado ha puesto en sus manos.

 

El hecho de que las diferencias entre el Partido del Gobierno y el Partido de la Oposición sean meramente circunstanciales, y no afecten jamás a cuestiones de carácter esencial, ha permitido que en el curso de los tres últimos decenios en la Administración política del Estado se haya ido creando una compleja red de beneficios, cuyos usufructuarios directos son aquellos que se dedican a la actividad política institucional.

 

La ficción de la alternancia entre las dos fuerzas políticas mayoritarias crea en la ciudadanía una falaz esperanza. Cuando se sitúa frente a las urnas el votante lo hace con la convicción de que dispone de una cierta capacidad para cambiar el curso de los acontecimientos, en uno u otro sentido. Alimentar entre los electores esta perspectiva, absolutamente ilusoria, contribuye a relajar relativamente las tensiones que se producen en el seno de la sociedad. El simulacro electoral actúa así como eficaz válvula de escape de la presión social.

 

ADAPTACIÓN DEL TEXTO: “LA CLASE POLÍTICA NO EXISTE” DE REBELIÓN.ORG




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