Según el informe de constatación de lesiones de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Médico, los estudiantes Cristóbal Miranda y Germán Urrutia, ambos detenidos afuera de la sede San Ignacio de la Universidad Técnica Metropolitana el 18 de junio recién pasado durante una jornada de protestas, fueron sometidos a una serie de torturas al interior de vehículos de Fuerzas Especiales de Carabineros.
Como señala Radio U de Chile, el documento sostiene que durante la detención, Miranda, estudiante de segundo año de arquitectura, fue atropellado por un carro lanza gases y luego golpeado repetidamente en la cabeza hasta quedar inconsciente. Una vez en el carro policial, los estudiantes fueron amenazados de muerte, escupidos y continuamente golpeados por los funcionarios policiales, quienes apagaban las luces del vehículo para que la cámara en su interior no pudiera registrar la paliza.
Al ser trasladados para constatar lesiones, Carabineros instruyó a los detenidos para que explicaran sus golpes como el resultado de una caída, sin embargo, al ver la gravedad de las lesiones de Cristóbal Miranda, se decidió su traslado a la Asistencia Pública. Al quedar solo con los policías, Germán Urrutia fue sometido con una bolsa plástica en su cabeza, instancia que los uniformados aprovecharon para golpear al estudiante que se encontraba imposibilitado, además, de respirar.
Verónica Brito, observadora de Derechos Humanos del Sindicato de Unidad de los Trabajadores SUTRA-Chile, llegó a la Posta Central en momentos que se realizaba la constatación de lesiones de Miranda. Sin embargo, la policía uniformada le impidió acercarse a los detenidos, luego de gritar, en pleno centro médico “viene Derechos Humanos”.
MONTAJE DE CARABINEROS
El Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene contemplado presentar una querella contra Carabineros. Actualmente los estudiantes están en prisión preventiva, acusados de porte de bombas incendiarias, acusación que de acuerdo a muchos testimonios resulta absurda. En entrevista con El Desconcierto, el abogado Rodrigo Román aseguró que los casos de montaje no son algo nuevo. Su experiencia en la Defensoría Popular, estudio jurídico que ha defendido casos similares, le han permitido construir un mapeo de cómo operan las fuerzas policiales para constituir o encontrar pruebas donde en verdad no las hay, manipulando así los procesos de investigación.
“Lamentablemente nosotros hemos podido constatar que, particularmente, la 23 comisaría se ha convertido en un verdadero laboratorio de la Dipolcar para fabricar pruebas e inculpar a distintos jóvenes respecto de estas causas complejas, normalmente relacionadas a la ley de control de armas”
AÑO 2015, EN SUPUESTA DEMOCRACIA Y TODAVÍA LA POLICÍA TORTURA A PERSONAS
Y DESPUÉS QUIEREN DARLES AÚN MÁS PODER A CARABINEROS
