El fraude del «Proceso Constituyente» de Bachelet suma un nuevo escándalo, y es que si ya no era vinculante, tenía que ser revisado por el actual Congreso y se perdieron el 67% de las actas por «problemas en la web», ahora resulta que más encima, se quedó sin plata luego del miserable presupuesto para el próximo año, (chistoso considerando que la elite está ganando más dinero que nunca). Una nota de El Mostrador detalla:
El 2017 contempla instancias claves para el proceso constituyente impulsado por el gobierno de Michelle Bachelet. De acuerdo al cronograma de planificación, en los próximos meses se debería concretar la redacción y posterior envío del proyecto de ley de la nueva Constitución (el que derivará de la información recolectada en las llamadas bases ciudadanas, redactadas luego de los cabildos) y también la reforma que pretende habilitar al Congreso a cambiar la Carta Fundamental. Pero, según informa tanto el oficialismo como el Ejecutivo, a 17 meses de terminar el mandato se hace muy difícil cumplir con todas las fechas comprometidas inicialmente. Según dicen, esto se debe a «otras prioridades legislativas y el bajo respaldo ciudadano de la Mandataria». Lo anterior se traduce en que los gastos destinados al proceso constituyente, al interior de la Secretaría General de la Presidencia y de la Secretería General de Gobierno, se redujeron en casi el 100%.
El ministerio a cargo de Mario Fernández, por ejemplo, destinó $504.696 millones bajo la categoría «Estudios para una nueva Constitución» en 2016. Para el 2017, en cambio, se eliminó completamente ese gasto.En el caso de la Secretaría General de Gobierno (quienes son los responsables de informar a la población acerca de las políticas del Ejecutivo y los que se dedicaron a difundir la existencia de cabildos ciudadanos) hubo una eliminación total del gasto asignado para 2017, que en 2016 ascendía a $1.133.000 millones. Por último, la Secretaría General de la Presidencia pasó de un gasto de $1.284.406 millones en 2016 a $139 millones en 2017. Dichos recursos se solicitaron bajo la categoría de «Estudios finales del proceso constituyente». Desde el gobierno, explicaron que «estos recursos apuntan a financiar, por un lado, algunos estudios que permanecen pendientes, y por otro, hacerse cargo de la difusión de la nueva etapa del proceso constituyente, la que sería sustancialmente más reducida que la realizada durante este año».
Y así es como todos los que que apoyaron o creyeron en esta verguenza se deberán meter las actas por el agujero rectal. La Nueva Constitución tiene que salir del pueblo, no de los títeres de los empresarios
