Por si quedaban dudas de que la Ley Longueira fue aprobada a punta de sobornos, una nueva arista por cohecho se investiga en el marco del Caso Corpesca, luego del hallazgo de una planilla Excel con 18 políticos en un computador incautado al presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros, Felipe Moncada. Un artículo de La Tercera detalla:
El 14 de septiembre de 2016, a las 10.40 horas, efectivos de la PDI acudieron hasta las oficinas de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes) en Concepción para incautar desde la oficina del presidente de la entidad, Luis Felipe Moncada, y de otras dependencias de la entidad gremial, información relativa a la causa que indaga presunto cohecho entre las pesqueras y políticos, una arista del denominado caso Corpesca. Tras hurgar durante casi 12 horas -la diligencia culminó a las 22.05 horas de ese día-, los policías se llevaron archivadores con egresos e ingresos del gremio y 129 carpetas de color azul, todas con un timbre de agua que dice “Asipes” y que, según el acta de incautación contenida en la investigación, correspondía a “diversa documentación e impresión de correos electrónicos”.
Entre el material contenido en esas carpetas, la PDI incautó un documento que podría resultar clave para el futuro de la investigación, dado que su contenido hace presumir la existencia de posibles aportes de las pesqueras a dirigentes políticos de partidos oficialistas y de oposición. El documento es una hoja que combina apellidos de supuestos dirigentes políticos, nombres de las pesqueras asociadas a Asipes y montos de dinero que, en total, se acercan a los $ 100 millones. El documento no tiene membrete ni firma, pero está en la misma carpeta que contiene un acta de directorio de Asipes realizada el 8 de octubre de 2012, poco antes de aprobarse la Ley de Pesca y a días de las elecciones municipales de ese año. La información hace suponer a los investigadores que las cifras corresponden a aportes políticos y que la asociación distribuía, como gremio, dineros a dirigentes de todos los sectores. El Ministerio Público coteja la información encontrada con los aportes realizados vía legal a través del Servicio Electoral (Servel).
En ese sentido, según fuentes consultadas por este medio, el Ministerio Público apunta a que en la lista estarían mencionados los siguientes parlamentarios: Hosaín Sabag (ex senador DC del Biobío), Patricio Melero (diputado UDI por Pudahuel), Alvaro Ortiz (alcalde DC de Concepción), Alejandro García Huidobro (senador UDI por la Región de O’Higgins), Cristián Campos (diputado PPD por el Biobío), Jorge Ulloa (diputado UDI por Talcahuano), Frank Sauerbaum (ex diputado RN en Biobío), Cristián Monckeberg (diputado RN Las Condes), Tomás Fuentes (ex concejal RN en Las Condes), Sergio Ruíz (candidato a concejal independiente pro RN en San Carlos), Rodrigo Anabalón (alcalde RN en Chiguayante), Carlos Larraín (ex senador RN), Felipe von Unger (concejal UDI por San Miguel), Máximo Pavez (concejal UDI en Conchalí), Emilio Armstrong (ex candidato UDI a alcalde de Concepción), Gabriel Torres (ex concejal RN en Hualpén), Iván Norambuena (diputado UDI por el Biobío), Hugo Arancibia (ex candidato PS a concejal en Talcahuano), Sergio Bobadilla (ex diputado UDI por el Biobío) y Gastón Saavedra (alcalde PS de Talcahuano).
Como señaló claramente José Saramago: «El poder real es económico, no tiene sentido hablar de Democracia»
