Luego del nuevo corte de agua masivo en Santiago, el quinto en 5 años, el segundo en menos de 2 meses, además de la evidente responsabilidad que tiene Alto Maipo, el otro gran responsable es la nula inversión realizada por Aguas Andinas a la hora de preveer que una mínima lluvia no termine cortando el servicio en la capital, algo que se contradice con la amplia billetera que tiene la empresa a la hora de financiar políticos. Un artículo de Ciper Chile señala:
A pesar de que Aguas Andinas rectificó dos veces ante Impuestos Internos gastos sin respaldo contable, y que la Fiscalía y el SII tienen evidencias de pagos de la sanitaria a sociedades ligadas a Sebastián Piñera, Pablo Longueira, Laurence Golborne, al yerno de Eduardo Frei, Pedro Yaconi y a una corporación ligada a la UDI, la situación judicial de la sanitaria está en la hielera. Su contabilidad arroja además pagos por $422 millones a think tanks de todos los sectores políticos. Es un caso sensible pues la sanitaria está sometida a una regulación de la que dependen la tarifa del agua y sus ganancias.
Más inexplicable resulta esta paralización a la luz del rastreo que realizó CIPER a la contabilidad de la sanitaria. A los pagos por trabajos no realizados ya mencionados, se suman otras transferencias a sociedades vinculadas a personas que ya han sido querelladas o están siendo investigadas por el financiamiento ilegal de la política. Entre ellos figuran: $430 millones pagados por Aguas Andinas a tres sociedades del abogado Pedro Yaconi, yerno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y miembro del comité de finanzas de su fallida campaña presidencial en 2009; los $27 millones cancelados a una sociedad personal de Pablo Longueira y los $53,5 millones que recibió Vox Comunicaciones, la misma empresa querellada por el SII por recibir dineros de Penta para la campaña presidencial de Laurence Golborne.
Aguas Andinas también registra millonarios pagos a centros de pensamiento ligados a casi todos los sectores políticos. Los think tank han justificado su trabajo señalando que los pagos de las grandes empresas están respaldados en informes de coyuntura política y seguimiento legislativo. La mayoría de estos centros cuentan con un sistema de suscripción para las empresas, donde se paga una mensualidad a cambio de un boletín. Los aportes a think tank políticos son transversales y totalizan $422,4 millones entre 2009 y 2014. El Instituto Libertad, vinculado a RN, es el que concentra los mayores pagos: entre diciembre de 2012 y noviembre de 2014 suma $117,6 millones. Libertad y Desarrollo (ligado a la UDI) recibió $72 millones de Aguas Andinas. En el mismo período, la Fundación Jaime Guzmán (UDI) obtuvo $52,3 millones. Los centros de pensamiento de la centroizquierda también aparecen: Chile 21, ligado al progresismo, percibió entre 2009 y 2014 $34,5 millones. Proyectamerica, el think tank creado a fines de la administración de Ricardo Lagos y que funcionó hasta fines de 2013, recibió $66,3 millones entre junio de 2010 y junio de 2013.
El Centro de Estudios y Gestión Ambiental Para el Desarrollo (Cegades), ligado a la corriente que encabeza Gutenberg Martínez en la Democracia Cristiana, recibió $75,6 millones. El centro de estudios que recibió la menor cantidad de dinero de Aguas Andinas es el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED): $4,2 millones en marzo de 2009. Además de los centros políticos de pensamiento, la contabilidad de Aguas Andinas registra pagos regulares a distintas instituciones de educación superior. Parte de esos dineros son por servicios prestados y otros corresponden a donaciones, sin que se conozca los montos asignados para cada ítem.
Entre 2009 y 2014, Aguas Andinas transfirió $3.189 millones a casas de estudios superiores. Entre los que recibieron más dineros están la Universidad de Chile ($1.408 millones, incluye al Centro Nacional de Medio Ambiente, la Fundación Facultad de Ciencias Veterinarias y la Fundación para la Transferencia Tecnológica); y la Universidad Católica ($922 millones, incluye al Duoc y el Dictuc). Completan la lista, la Universidad Católica de Valparaíso, la de Concepción, el Inacap, y las universidades Alberto Hurtado, Adolfo Ibáñez, Andrés Bello, del Desarrollo y Arcis.
Desde 2014 los cerca de dos millones de clientes de Aguas Andinas en la Región Metropolitana financian en su cuenta mensual las obras que debían garantizar el suministro de agua ante la turbiedad del Río Maipo. La sanitaria ha recibido por ese concepto US$10 millones. Y a pesar de ello, con el desastre de abril pasado, ya suman dos cortes masivos. En los últimos seis años Aguas Andinas acumula US$1.063 millones en utilidades y las tarifas volverán a subir para financiar la Fase II de los trabajos que aseguren el suministro. Con o sin corte de agua la ley le garantiza una rentabilidad mínima de 7%.
Diez millones de dólares han pagado en dos años los santiaguinos a la empresa Aguas Andinas por las obras que supuestamente debían evitar un corte del suministro de agua potable si crecía la turbiedad del río Maipo. Pero ese dinero -que se comenzó a cobrar en la boleta mensual a partir de marzo de 2014, y por tiempo indefinido- no sirvió para impedir que casi cuatro millones de personas de 29 comunas de la Región Metropolitana quedaran sin agua entre el sábado 16 y la madrugada del lunes 18 de abril. Las obras de Aguas Andinas que no dieron abasto consisten en siete pozos subterráneos, estanques para 225 millones de litros de agua y un ducto para llevar otros 3.500 litros por segundo a la planta Las Vizcachas, donde la sanitaria produce el agua potable. Las obras fueron acordadas por Aguas Andinas y la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) después del corte de agua potable de mayo de 2008, cuando las lluvias en la alta cordillera enturbiaron el río Maipo y triplicaron el caudal normal, llegando a 427 m3/seg. (en ese mes el caudal normalmente fluctúa entre 50 y 100 m3/seg.).
Solo seis años después de rubricado el acuerdo, en marzo de 2014, estuvo terminada la Fase 1 del nuevo plan que garantizaría el suministro de agua frente a este tipo de emergencias en la Región Metropolitana. Desde ese mismo mes, la SISS –entidad estatal que regula a las empresas monopólicas del sector sanitario- autorizó un alza de 1,06% de la tarifa que paga cada cliente, destinada a financiar los US$70 millones que invirtió en ella Aguas Andinas. Como la reposición de las instalaciones cuando terminen su vida útil también la pagan los clientes, el superintendente de la SISS, Gabriel Zamorano, reconoció a CIPER que ese incremento de la tarifa se seguirá cobrando indefinidamente.
Para una familia que consume 15 metros cúbicos de agua potable al mes el cobro significa actualmente un alza de $129 mensual. En total, Aguas Andinas percibe por este concepto aproximadamente $3.300 millones al año, según cifras que la SISS entregó a CIPER. Pero ese no es el único cambio de tarifa. En 2019 los habitantes de las 50 comunas a las que abastece Aguas Andinas en la Región Metropolitana verán aumentar nuevamente las cuentas para pagar más instalaciones que aseguren la llegada del agua potable. Aunque esas obras –en las que se invertirán US$ 90 millones- ni siquiera han comenzado.
