A través de un comunicado, la Comisión Política de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), se refirió al caso de Raúl Castro Antipán, informante y agente infiltrado de Carabineros de la Dipolcar, quien reconoció que hacía atentados para encarcelar a Mapuches, asegurando que no se trata de un hecho aislado, sino que de una política de Estado con responsables directos.
«No estamos hablando de un hecho aislado, como se pretende plantear, ni de responsabilidades sólo de Carabineros; el rol de Castro Antipán es sólo una arista, de una estrategia mayor en donde están involucrados el Ministerio del Interior, Ministerio Público y las policías, la cual se viene aplicando desde hace años”.
«Existe una estrategia general por parte del Ministerio del Interior, articulada por parte de la Dipolcar, PDI y Ministerio Publico con el objetivo de criminalizar y generar las condiciones para perseguir y condenar a comuneros mapuche.
«En el caso que exista un objetivo político-judicial de lograr una condena; a los anteriores organismos del estado se suman también los Tribunales de Justicia (De Garantía, Orales y hasta la Corte Suprema) quienes dan a los Testigos Protegidos la validez probatoria, transformándoles en el gran mecanismo para lograr condenas efectivas»
«Es importante mencionar entonces, que los únicos casos que se encuentran en esta situación, es decir, que han sido condenados debido a la aplicación de la Ley Antiterrorista y además por el testimonio de Testigos Secretos, son los ocurridos durante los gobiernos de la Concertación con los casos Longkos, Ancalaf y Poluco-Pidenco y el ocurrido en el periodo de Bachelet y Piñera, nos referimos al Caso Elgueta-Jorquera»
“Quienes fueron condenados por el testimonio de testigos protegidos deberían tener el derecho de que se revisen sus condenas y, cuando resulte apropiado, que se realice un nuevo juicio bajo las disposiciones de la legislación penal ordinaria, sin recurso a testimonios anónimos.”
“Ben Emmerson hace un claro llamado al Estado Chileno a revisar las condenas de los presos políticos mapuche que fueron procesados y condenados por Ley Antiterrorista y el uso de Testigos Secretos, como es el Caso Elgueta-Jorquera que mantiene en prisión, desde hace cinco años, a Héctor LLaitul y Ramón LLanquileo”.
CARABINEROS NO SE MANDA SOLO, AL DEPENDER DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CHADWICK ES EL RESPONSABLE DIRECTO. PASA QUE LA PRENSA NO INFORMA Y NINGÚN PERIODISTA ES CAPAZ DE CONFORNTARLO
Y DESPUÉS TENEMOS LA PATUDEZ DE CRITICAR LA DEMOCRACIA DE OTROS PAÍSES
