Gendarmes de la ciudad de Ovalle denunciaron presiones políticas, a través de llamados telefónicos, para evitar el traslado de un integrante de la banda de narcotraficantes Los Bolvarán. Cabe señalar que los números telefónicos en cuestión, ya están en poder de la Fiscalía, quien inició la semana recién pasada una investigación formal por tráfico de influencia. Parte del artículo del sitio Diarioaldía, señala:
Todo salió a la luz el pasado viernes 7 de octubre, cuando funcionarios de Gendarmería de Ovalle denunciaron irregularidades en el traslado del condenado Luciano Contreras. A primera hora de ese día el sargento primero Javier Olivares, dirigente provincial de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (Ansog), indicó, en conversación con este medio, que “por políticas emanadas a nivel regional, dado que estos reos son de alta complejidad, se ordenó el traslado al penal de La Serena. Extrañamente un sujeto habló en nombre del gobernador de Limarí al teléfono, ordenándonos con malos tratos a que el reo Luciano Contreras se quedara en Ovalle”.
El funcionario dijo conocer muy bien los procedimientos y protocolos sobre las órdenes que se dan en una institución jerarquizada como Gendarmería, motivo por el cual ignoró el llamado y siguió adelante con el operativo de traslado que incluía a otros 13 reos que llegaron efectivamente a Huachalalume. Una vez llegando a Huachalalume, con todo el costo asociado al traslado de los penados, se recibe un llamado de la Sub Director Operativo nacional de Gendarmería, uno de los altos mandos, diciendo que dejara sin efecto este procedimiento, sólo para ese interno y no para los 14 restantes.
Los hechos despertaron la suspicacia de los trabajadores del recinto penal, pues el reo en cuestión es hijo de Rodrigo Contreras, un funcionario de la gobernación de Limarí y presidente comunal de Ovalle del Partido Socialista, por lo que acusaron directamente presiones políticas y nepotismo. También se habló de algunos nombres de parlamentarios que no quisieron ser dados con la grabadora encendida, pues no tenían en ese minuto las pruebas suficientes para decir su nombre y apellido.
Las acusaciones de los gendarmes eran graves, de eso no cabía la menor duda, motivo por el cual decidimos investigar un poco más a fondo quién podía estar detrás de la bullada llamada que inició el conteo de una bomba que estaba a punto de estallar. A través de una fuente de Gendarmería que pidió no se revelara su nombre, accedimos al número telefónico que quedó registrado en el aparato telefónico que recibió la llamada del supuesto gobernador de Limarí, y a un segundo número que el supuesto usurpador habría dejado para que un efectivo de Gendarmería devolviera el llamado con noticias favorables a la permanencia del reo en Ovalle.
Con ambos números en nuestro conocimiento, logramos que un funcionario de una empresa telefónica rastreara las identidades de las personas asociadas a los números. Confirmando de este modo que, el número del cual señaló nuestra fuente se originó la llamada, está contratado por el Senado de la República de Chile. Respecto del segundo número, que la persona que se hizo pasar por el gobernador dejó para que gendarmes devolvieran el llamado, está asociado a un funcionario de un parlamentario de la zona.
Con esta información en mano contactamos a los dos senadores que hay en la región de Coquimbo, Jorge Pizarro (DC) y Adriana Muñoz (PPD). El primero señaló que “yo no te puedo dar opinión, lo único que se es que el gobernador dice que no ha llamado y que alguien se hizo pasar por el gobernador y Gendarmería no ha instruido los sumarios correspondientes, ellos tienen que determinar porque tienen registros de los llamados a Gendarmería, hay que determinar quién llamó, de qué número y quién se hizo pasar, tiene que haber una investigación sobre eso que es muy grave. Estar suplantando a una autoridad, y más encima coincide con que alguien de Gendarmería, no se sabe quién, al parecer el director, da una orden de que a un reo lo vuelvan a trasladar a la cárcel de Ovalle”.
En tanto que la senadora Adriana Muñoz (PPD) mostró su molestia por la situación, considerando que “en realidad se está haciendo una alharaca, porque lo que de verdad los gendarmes deben resguardar son las situaciones familiares de los reos, qué pasa con ellos, y no que haya una situación de encubrimiento o de tráfico de influencias con narcotraficantes”.
DEBE SER UN ERROR, TODO EL MUNDO SABE QUE NUESTROS HONORABLES SON INTACHABLES. SI NO ROBAN, MENOS TENDRÍAN LAZOS CON EL NARCOTRÁFICO…
