Por si no fuese suficiente con la corrupción expuesta por el Caso Penta y su arista SQM, una investigación de Ciper reveló la existencia de otra empresa, Asesorías Cristina Zúñiga Paredes EIRL, propiedad del operador político Alejandro Chaparro, quien ya fue condenado por cohecho en el “Caso Coimas”, que realizaba falsas asesorías para financiar campañas políticas. Parte del artículo señala:
Parlamentarios del PS, UDI, PPD y DC figuran entre los clientes del otrora operador político y ahora experto en campañas electorales, Alejandro Chaparro, condenado por cohecho en el “Caso Coimas”. Hoy está bajo la lupa de Impuestos Internos y la Fiscalía por múltiples facturas que emitió la empresa Asesorías Cristina Zúñiga para encubrir aportes ilegales a campañas. Chaparro es el motor y “estrella” de esa empresa. Hasta ahora aparece con cinco facturas pagadas por Soquimich y una por Corpbanca para la campaña de Zalaquett. Entre sus clientes figura Javier Macaya, actual timonel de la UDI.
Asesorías Cristina Zúñiga Paredes EIRL, una de las empresas que entregó facturas falsas para financiar campañas políticas y que actualmente está siendo investigada por el Ministerio Público y por Impuestos Internos, fue contratada por el presidente interino de la UDI, diputado Javier Macaya, para sus asesorías legislativas. Si es ratificado por la Comisión Política de este lunes 16 de marzo, Macaya encabezará la UDI al menos hasta el próximo 10 de abril, fecha en que está programado un Consejo General del partido que deberá determinar la nueva directiva que enfrentará la crisis por la que atraviesa el gremialismo. Y Macaya figura como uno de los rostros que podría integrar la nueva mesa.
Macaya encargó trabajos de asesoría comunicacional a la empresa de Cristina Zúñiga Paredes por un total de $10,1 millones en los años 2013 y 2014. Esos montos fueron pagados por la Cámara de Diputados con cargo a las asignaciones parlamentarias del ahora presidente de la UDI. El nuevo timonel gremialista no es el único diputado que ha contratado los servicios de Cristina Zúñiga. En la nómina figuran otros parlamentarios y no sólo de la UDI: Mónica Zalaquett (UDI), con $18,8 millones; Carlos Recondo (UDI), con $22,5 millones; Denise Pascal (PS), con $21,4 millones; Clemira Pacheco (PS), con $9,7 millones; Maya Fernández Allende (PS), con $3,2 millones; Daniella Cicardini (PS), con $4,8 millones; Tucapel Jiménez (PPD), con $5,6 millones) y Matías Walker (DC), con $5 millones.
En total, la Cámara de Diputados ha desembolsado $101,8 millones en asesorías pagadas a Cristina Zúñiga. El Comité de Senadores de la UDI también ha contratado los servicios de la empresa de Cristina Zúñiga Entre 2013 y lo que va de 2015, el Senado le pagó con los dineros asignados al comité UDI una cifra global de $24,8 millones. En suma, desde 2012 a la fecha el Congreso Nacional ha pagado más de $126 millones por asesorías de Cristina Zúñiga (hechas a través de sus empresas o como persona natural), de acuerdo a los registros que figuran en las páginas de transparencia de ambas cámaras.
Si bien la empresa figura a nombre de Cristina Zúñiga, el verdadero motor de su transversal participación en asesorías a partidos es Alejandro Chaparro Cavada, un antiguo operador político que militó en el PPD, experto en diseño y planificación de campañas. Hace una década su nombre saltó a las primeras páginas cuando estuvo involucrado en la investigación por cohecho conocida como “Caso Coimas” y que dio pie a la indagación del escándalo político-financiero del Mop-Gate. Chaparro es la carta de presentación de Asesorías Cristina Zúñiga Paredes en el mundo político.
En el “Caso Coimas”, Chaparro fue acusado de recibir un vale vista proveniente del pago de sobornos para permitir la instalación irregular de plantas de revisión técnica. Entonces era jefe de gabinete del ministro de Obras Públicas y Transportes del gobierno de Ricardo Lagos, Carlos Cruz. En 2007 la Corte Suprema confirmó la condena de Chaparro por “cohecho aceptado” y lo sentenció a “sesenta días de prisión en su grado máximo, más una multa a beneficio fiscal de $5 millones, que corresponde al tanto del cohecho aceptado; y a la pena de inhabilitación especial perpetua para cargo u oficio público”.
PERO RECUERDEN, EN LA TELE LO TRATAN A USTED DE DELINCUENTE POR NO PAGAR EL TRANSANTIAGO, A ELLOS LES DICEN «HONORABLES»
