Agenda corta antidelincuencia de Bachelet criminalizará aún más la pobreza

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bachelet facha

 

 

 

El mismo día que a los delincuentes de Délano y Lavín les revocaron la prisión preventiva, el diputado Giorgio Jackson denunció que la Agenda Corta Anti-Delincuencia propuesta por el Gobierno (y aplaudida por la UDI), se trata de puro «populismo penal», que criminalizará aún más la pobreza, y que ni siquiera tiene respaldo lógico. Parte de la declaración señala:

 

 

Durante las últimas semanas, la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados ha conocido la posición de varias instituciones y organizaciones dedicadas al ámbito penal respecto a la llamada «agenda corta contra la delincuencia». Existe acuerdo en que el proyecto de ley tendrá efectos nocivos a todo nivel.

 

Con el objeto de mejorar la persecución del hurto, el robo y la receptación, el Ejecutivo propone modificaciones legales que, a juicio de organismos como la Corte Suprema, la Defensoría Penal Pública y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, infringen los principios de proporcionalidad e igualdad ante la ley. Esto porque quien haya cometido un delito contra la propiedad (y no contra bienes jurídicos más esenciales, como la vida), vera considerablemente reducidas sus posibilidades de acceder a penas, como la libertad vigilada, por ejemplo, y tendrá que ir obligatoriamente a la cárcel. Aun cuando sea primerizo.

 

Según datos de la Fundación Paz Ciudadana, quienes cumplen penas privativas de libertad tienen una tasa de reincidencia del 51%, frente al 28 % de quienes tienen acceso a penas alternativas. De acuerdo a otro estudio publicado por Gendarmería de Chile el año 2013, la reincidenciageneral alcanza un 20,78 %. El 13,79 % proviene del sistema cerrado; el 6,81 % de los reincidentes cumplió condena previa en el medio libre; sólo el 0,02 % participó de los Centros de Educación y Trabajo y el 0,17 % estuvo sujeta al control del sistema postpenitenciario. Pese a estos datos, el proyecto pretende crear 10 mil nuevos cupos en las cárceles y limitar el otorgamiento del beneficio de la libertad condicional.

 

El sistema penitenciario chileno está en crisis. Funciona con un hacinamiento que en el caso de algunos recintos supera el 300%. Los programas de reinserción social ni siquiera alcanzan para el 20% de los internos, las violaciones a los derechos humanos son sistemáticas al interior de los penales, no existen condiciones de higiene mínimamente aceptables, y gendarmería ya no da abasto. Por todas estas razones, el encierro sólo genera un importante desarraigo familiar y social, además de reproducir la criminalidad tanto a nivel de los individuos como de sus familias y comunidades.

 

Una política criminal adecuada debería centrarse en la exclusión social y la segregación, que son el origen de la delincuencia, y no únicamente en sus supuestos síntomas, como lo es la inseguridad de la ciudadanía, pues de otro modo el Gobierno no hace más que naturalizar la inequidad (los delitos de alta connotación pública son los que cometen los sectores más precarizados) y diseñar políticas o leyes que marginan a quienes, al parecer, no gozan del estatus de ciudadanos.

 

Finalmente, según los datos entregados por la Fundación Paz Ciudadana, mantener a 5 mil nuevos internos (la mitad de las personas a las que el Estado está dispuesto a encarcelar) tendrá un costo de 19,2 mil millones al año. El informe financiero del Ejecutivo contempla sólo 400 millones. ¡48 veces menos que el costo real! Es decir, acá no se están transparentando los costos reales de estas medidas, o se pretenden implementarlas sin financiamiento. La propuesta presentada por el Ejecutivo, presenta una mirada reduccionista y neoconservadora del fenómeno delictual, endureciendo las penas, sin realizar mayores esfuerzos en garantizar mecanismos que permitan la reintegración social efectiva de las personas en conflicto con la justicia.

 

 

 

 

 

1) QUE LES QUEDE CLARO, DE UNA VEZ POR TODAS, QUE BACHELET Y LA NUEVA MAYORÍA NO SON NI JAMÁS FUERON DE IZQUIERDA

 

 

2) SI TANTO LES MOLESTAN LOS POBRES DEBERÍAN MATARLOS Y PUNTO. PERO CLARO, NECESITAN MANO DE OBRA PARA TRABAJAR Y NECESITAN DE LA DELINCUENCIA PARA JUSTIFICAR MEDIDAS REPRESIVAS

 

 

3) DEMÁS ESTÁ DECIR QUE ESTAS MEDIDAS SÓLO AFECTARÁN A LOS POBRES, COMO YA HEMOS VISTO, LOS RICOS JAMÁS VAN A LA CÁRCEL

 

 

4) JUSTICIA NO ES CRIMINALIZAR LA POBREZA, JUSTICIA ES TENER UN SUELDO DIGNO, SALUD, EDUCACIÓN Y QUE TODOS TENGAN LAS MISMAS OPORTUNIDADES

 

 

 

 

 

 

 

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3 comentarios

  1. La propuesta de ley es una porquería, pero la respuesta no es de fiar porque usa datos de Paz Cuicadana.

    Recordar que varias veces han distorsionado estadísticas, promovido desinformación y pertenece al traidor vende-patria de Edwards y están metidos algunos suches como su nana Javiera Blanco…

  2. Encuentro razón en el tema de la igualdad ante la justicia, pero existen pobres que no roban, que trabajan. Victimizar a los pobres porque «la única manera de que sobrevivan es robando» es justificar el punguerío. Nada, los flaites que roban, a la cárcel, sea de apellido Soto o délano o Lavin o cualquiera que este sea, y todos juntitos, sin ver la luz del sol

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