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Portonazo: Ciper detalló los grupos económicos que sobornan la política en Chile

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Una investigación de Ciper Chile, realizada por el periodista Daniel Matamala, reveló por primera vez todas las empresas que han aportado a candidatos e instituciones políticas en los diez años de elecciones regidas por la ley de financiamiento. En total son 1.123 compañías, sin embargo desglosándolas, al final «son los mismos de siempre» los que tienen secuestrada la democracia. Parte del artículo señala:

GRANDES GRUPOS ECONÓMICOS

La presencia de los grandes grupos económicos en la lista es abrumadora. Todos los grandes conglomerados del país -18 en total-, listados según en el ranking de riqueza de la Universidad del Desarrollo (UDD) de septiembre de 2014, sin ninguna excepción, han entregado dinero a campañas o entidades políticas, y han pedido al Servicio de Impuestos Internos (SII) las franquicias tributarias a las que tienen derecho para descontar esos aportes de sus impuestos.

GRUPO MATTE

La lista es liderada por el Grupo Matte, con 33 empresas aportantes. Entre ellas, están la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y varias compañías ligadas a la emblemática Papelera, el Banco Bice, la eléctrica Colbún y Entel. Las platas políticas del Grupo Matte suman al menos $2.287 millones. Esa cifra incluye los montos de sólo 16 de las 33 empresas donantes de los Matte en un solo año electoral de los siete en que ha regido la ley (exceptuando a la CMPC). Del resto, no existe información pública.

Eliodoro, Bernardo y Patricia Matte aparecen en el puesto 683 en el ranking mundial de billonarios de Forbes, con una fortuna de US$2.800 millones. El 17 de abril, Eliodoro Matte reconoció que “hemos financiado a candidatos a través de aportes reservados”. También descartó categóricamente que su grupo aporte por medio de boletas, y negó presiones para los candidatos beneficiados por la billetera de sus empresas. “Yo jamás he llamado a un parlamentario para pedirle que vote en tal o cual sentido un proyecto”, afirmó.

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LUKSIC

Al Grupo Matte le sigue el Grupo Luksic, el mayor conglomerado económico de Chile. Con una fortuna familiar de US$13 mil 500 millones es también uno de los principales “mecenas” de los políticos chilenos. Los Luksic -en estos días en el ojo del huracán por el negocio de Caval y la estrecha vinculación entre Andrónico Luksic y la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon-, aportan mediante 18 empresas diferentes, incluyendo al Banco de Chile, CCU, y las mineras Los Pelambres, Antofagasta PLC y Esperanza. También la matriz del holding, Quiñenco, hace sus propios aportes a campañas y entidades políticas.

Un nombre que se repite en la entrega de platas políticas es el de Hernán Büchi, ex ministro de Hacienda de Pinochet, director de varias empresas y estrecho colaborador de Julio Ponce Lerou, controlador de Soquimich. Además de ser director de SQM, Büchi también interviene en las decisiones del grupo Luksic. Es así como aparece en la sesión del directorio de Quiñenco del 6 de junio de 2013, que decide la entrega del aporte a campañas, aunque sin consignar su monto. Antes, en septiembre de 2009, Büchi había sido “especialmente invitado”, en calidad de asesor, al directorio de la CCU, en el que se aprobó la entrega de platas políticas por vía secreta, aunque legal. CCU ha entregado dinero en todos los años de campañas presidenciales, y en 2009, con Büchi actuando como “invitado”, además sumó a dos filiales, Cervecera CCU Chile y Embotelladoras Chilenas Unidas.

El caso de Minera Los Pelambres es especial, no sólo por el conflicto que ha enfrentado este año con vecinos de Caimanes y Salamanca por el uso del agua. También, porque en este caso, el directorio de la empresa acordó en 2013 un aporte “no superior” a los $825 millones, especificando que debía resguardarse “el criterio de equidad”. Los generosos aportes a la política de parte de la minera no son una novedad: ya había entregado dinero en 2004, 2005, 2008, 2009 (años electorales) y 2011 (cuando no hubo elecciones).

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GRUPO SOLARI

Empatado con el Grupo Luksic está el Grupo Solari-Cúneo-Del Río con 20 empresas que financian la política. En el negocio del retail se cuentan Sodimac y cinco compañías filiales de Falabella. Según las actas de directorio reveladas por CIPER, sólo en la última campaña Falabella Retail donó $80 millones, mientras que Sodimac entregó $196 millones. Esta última ha repetido sus aportes en: 2008, 2009, 2012 y 2013, todos ellos años de elecciones. También Plaza S.A. y ocho malls del grupo aparecen en la lista: Plaza Antofagasta, Plaza del Trébol (Talcahuano), Plaza El Roble (Chillán), Plaza La Serena, Plaza Oeste, Plaza San Bernardo, Plaza Tobalaba y Plaza Vespucio (los cuatro últimos en Santiago). Ellos han donado tanto a campañas municipales como parlamentarias.

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ANGELINI

Con 16 empresas donantes lo sigue el Grupo Angelini. El ámbito de Celulosa Arauco es especialmente activo en política, con aportes de Celco y de otras seis compañías del grupo relacionadas al negocio forestal. Corpesca, actor fundamental del debate en la última Ley de Pesca, también aparece en la lista, junto a otras dos pesqueras del Grupo Angelini: San José y Orizon. Tras la aprobación de la ley que favoreció los intereses de Angelini y los demás empresarios dueños del mar chileno, CIPER reveló que Corpesca además entregó -al margen del conducto legal del Servel- $25 millones a un asesor de la diputada Marta Isasi, quien respaldó la posición de las grandes pesqueras en la tramitación en el Congreso. El CDE se querelló contra Isasi, su ex asesor Georgio Carrillo y el entonces gerente de Corpesca, Francisco Mujica, por cohecho y soborno.

PENTA

Más atrás aparece un nombre célebre por estos días: el Grupo Penta. Aparte de los ya conocidos aportes ilegales, el grupo de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano también montó una amplia operación de donativos políticos, que involucra a 14 compañías de su propiedad. Las más constantes en sus aportes son las isapres: Banmédica (con donaciones en 2005, 2007, 2008, 2009 y 2012), y Vida Tres (en 2005, 2007, 2008, 2009, 2012 y 2013). También aparecen en la nómina la Clínica Santa María, la Clínica Dávila, la aseguradora Penta Security, Penta Las Américas, Inversiones Banpenta, Penta Administradora General de Fondos, Penta Capital de Riesgo, Penta Corredores de Bolsa, Penta Propiedades, Vida Íntegra y la matriz Empresas Penta, dando cuenta del uso de toda la red de empresas relacionadas para allegar fondos a campañas o partidos, aprovechando de paso las exenciones tributarias.

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ENERSIS

El Grupo Enersis decidió una donación por un monto que impresiona: US$2,5 millones para las campañas de 2013 ($1.274 millones en ese momento). Una cifra aún más relevante considerando que es una práctica habitual: Enersis ya había hecho aportes los años electorales de 2004, 2005, 2008 y 2009. Entre los proyectos más controvertidos de la multinacional en Chile se cuentan Ralco, Punta Alcalde e Hidroaysén. Las actas del directorio de su filial Endesa Chile, del 30 de agosto de 2013, prueban la entrega de US$1 millón ($509 millones en ese momento), pero no se explicita cómo se repartieron los dineros para cumplir con el tope legal de $247 millones por tipo de elección. Para esos efectos, en campañas anteriores el grupo usó otras dos compañías, Chilectra y Luz Andes, para canalizar aportes reservados a campañas.

El uso de múltiples filiales de la misma empresa se repite una y otra vez en los casos de grandes compañías y de los mayores grupos económicos, lo que constituye una forma de burlar los límites legales a los aportes vía Servicio Electoral. En el caso de Endesa, el directorio mandató a su entonces presidente Jorge Rosenblut para distribuir el millón de dólares entre los candidatos. El empresario (ex PPD), tiene vínculos de sobra con el mundo político. En 2005 fue el líder del equipo recaudador de la primera campaña de Michelle Bachelet. Antes había ejercido como subsecretario de la Presidencia en el gobierno de Eduardo Frei, y actualmente es pareja de la secretaria general de la Presidencia, la ministra Ximena Rincón (DC).

GRUPO YARUR

El Banco Crédito e Inversiones (BCI), del Grupo Yarur, financió directamente la política en 2005 y 2008, pero ha estado presente en todos los años de elecciones a través de los aportes de ocho de sus filiales. En la última campaña, las elegidas para entregar dinero fueron BCI Asset Management, BCI Corredor de Bolsa y BCI Factoring. En este caso, el directorio autorizó entregar “el máximo que la normativa establece”. Multiplicando el tope legal de $247 millones por los cuatro tipos de elección simultánea y las tres filiales, ese máximo podría llegar a $2.964 millones.

ALVARO SAIEH

Corpbanca, del Grupo Saieh, ha entregado dinero en todos los períodos electorales: 2004, 2005, 2008, 2009, 2012 y 2013. De hecho, el acuerdo de fusión firmado el año pasado entre Corpbanca e Itaú especifica que “los accionistas se comprometen a que Corpbanca haga donaciones políticas a beneficiarios que serán propuestos y acordados con los accionistas y que serán consistentes con las prácticas pasadas de los últimos cuatro años”. El mismo acuerdo detalla que durante 2013, el grupo hizo aportes a la política por $1.005 millones, los que desglosan así: Corpbanca, $866 millones; Corpbanca Corredores de Bolsa, $12 millones; Corpbanca Corredores de Seguros, $90 millones, y Corpbanca Administradora General de Fondos, $37 millones (Álvaro Saieh, cabeza del grupo, aporta el porcentaje más importante del financiamiento de CIPER).

PAULMANN

El Grupo Paulmann financia campañas mediante ocho de sus empresas: Cencosud, Easy y Costanera Center, entre ellas. El Grupo Hurtado Vicuña figura con cinco vinculadas a Consorcio Financiero. El Grupo CGE suma diez compañías, con presencia de las empresas eléctricas de Arica, Iquique, Atacama, Melipilla-Colchagua-Maule, Antofagasta y Talca. Aparte de las cuatro empresas financieras ya mencionadas del Grupo Saieh que aparecen con aportes a la política, en la nómina del SII figuran otras tres empresas del mismo grupo.

AGROSUPER E ISAPRES

El listado también incluye a Agrosuper. La empresa avícola fue condenada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a pagar US$25 millones por haberse coludido con Ariztía y Don Pollo para limitar la producción y asignarse cuotas de mercado. La empresa de Gonzalo Vial obtuvo franquicias tributarias por aportes políticos en 2005, 2008, 2012 y 2013, todos años electorales.

Entre los aportes reservados a la política llama la atención la presencia de empresas cuyos ingresos provienen de los pagos de cotizaciones por seguridad social de los trabajadores chilenos. Además de las ya mencionadas Banmédica y Vida Tres del Grupo Penta, en la nómina están la Isapre Colmena (2005), y la AFP Cuprum (2004, 2005, 2008, 2009 y 2012). Eso significa que una parte de esas cotizaciones fueron destinadas de forma secreta a financiar campañas políticas, partidos o institutos de formación política.

¿CREEN QUE LOS POLÍTICOS LEGISLARÁN ALGUNA VEZ EN CONTRA DE QUIENES LOS FINANCIAN?

DE ESTO SE TRATA LA DEMOCRACIA, HACERLE CREER A LA GENTE QUE SU VOTO VALE ALGO




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