La Corte Suprema de Justicia expresó fuertes críticas a varias medidas de la «Agenda Corta Antidelincuencia» propuesta por el Gobierno, sobre todo la indicación que establece el control preventivo de identidad, la cual recordemos, no es más que el retorno de la detención de pobres por sospecha.
«Esta regla, además de inusual -es difícil pensar qué clase de antecedente podría tener algún carabinero de la existencia de una orden de detención pendiente respecto de una persona determinada, además de la propia orden de detención que lo autorizaría, sin más, a restringir su libertad-, es difícilmente aceptable desde la perspectiva de un estado democrático de Derecho».
«Ello, especialmente, en atención a la enorme discrecionalidad que esta norma implica, la considerable cantidad de tiempo de restricción que autoriza (8 horas), y a la laxa regulación de la flagrancia -que puede constituirse, simplemente, con el señalamiento de un testigo presencial, hasta doce horas después de la comisión del hecho-«
«En este sentido, la afirmación de la probabilidad de autoría o participación en un imputado es un antecedente necesario, pero en ninguna medida suficiente para decretarlas, y esto es una consideración esencial de nuestro sistema que no puede pasarse por alto. En este sentido, la reforma al artículo 127 implicaría una vulneración abierta al principio de inocencia y al derecho a un juicio previo»
«La existencia de errores burocráticos e interpretaciones incorrectas de la realidad, sugieren que estas reformas podrían provocar múltiples casos de detenciones innecesarias o frívolas, que en definitiva sólo pondrán en peligro la legitimidad de un sistema que, tal como acepta el mensaje en términos generales, funciona bien»
«Varias de las medidas planteadas en la Agenda Corta Antidelincuencia dan cuenta de criterios marcadamente policiales y que limitan enormemente las facultades de control de juridicidad que los tribunales de justicia, especialmente el Juez de Garantía, están llamados a realizar».
«La reforma postula una desconfianza generalizada a la manera en que operan los tribunales de justicia. Desconfianza que no se justifica en los datos del sistema, y que por lo tanto, no implicarían mayores niveles de eficacia policial, sino tan sólo un desmedro importante en la tutela judicial efectiva de los derechos de libertad y seguridad individual de las persona»
ES TAN OBVIO QUE LA DETENCIÓN POR SOSPECHA ES UNA ABERRACIÓN LEGAL
OTRA COSA ES QUE LOS POLÍTICOS (DE TODOS LOS SECTORES) SE HAGAN LOS WEONES YA QUE SON LOS MÁS BENEFICIADOS CON CRIMINALIZAR LA POBREZA
