Mientras Bachelet culpa a la prensa por su baja aprobación y el poco apoyo a sus «reformitas», un artículo de El Mostrador revela el completo monopolio que ejercen la Copesa y El Mercurio, los dueños de lo medios de comunicación en Chile, a la hora de quedarse con los recursos de publicidad que entrega el Estado, es decir, todos nosotros. Nadie fiscaliza, las cifras oficiales son a medias y no hay manera de transparentar los criterios mediante los cuales los gobiernos privilegian ciertos medios de comunicación al momento de realizar sus publicaciones y campañas publicitarias. Parte del artículo señala:
Según el Departamento de Estado de EE.UU. y expertos en el tema, la mayor tajada de la torta es para El Mercurio y Copesa. La ausencia de normas al respecto permite la arbitrariedad de la autoridad pública al momento de escoger en qué medio publicar, lo que para las organizaciones de derechos civiles es una de las formas de censura indirecta con dinero de todos los ciudadanos.
El principio de que todo poder político, especialmente un Gobierno, debe influenciar la visión que los medios de comunicación transmiten acerca de su gestión, es un dato de la causa y parte de las reglas del juego. Pero no lo es que lo haga en completa oscuridad, sin control de gasto y de manera discriminatoria respecto de los medios, porque entonces –señalan los expertos– el imperativo de dar a conocer lo que hace se transforma en un intento de manipular lo que comunican los medios y, por lo tanto, en un acto lesivo al equilibrio informativo y la libertad de opinión.
Durante el año 2013, de 19 millones de dólares, más de 13 millones fueron para los conglomerados mediáticos de El Mercurio y Copesa. Las instituciones estatales que más desembolsaron en este convenio son: Servel (USD 1.576.597); la Universidad de Chile (USD 1.164.161); Dirección Nacional del Servicio Civil (USD 963.808) y el (SERNATUR 562.789). La ONG argentina Asociación por los Derechos Civiles (ADC), en su libro El precio del silencio (2008), definió cuatro tipos de censura indirecta que suelen darse en Latinoamérica. Éstos son: manejo abusivo de la publicidad oficial para influir en contenidos, asignación discriminatoria de publicidad en favor de aliados políticos, uso de la publicidad oficial como propaganda y los pagos hechos directamente a periodistas.
El Mercurio y Copesa: Los mejores pedazos de la torta
Hace algunas semanas se conoció el capítulo sobre libertad de expresión del Informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de EE.UU. (Country Reports on Human Rights Practices for 2013). Basándose en reportes de Fundación Equitas (2013) y de Freedom House (2012), advierte sobre la concentración de medios en Chile, ya que “la mayoría de los productos mediáticos se encuentran en las manos de dos importantes empresas familiares, Copesa y El Mercurio, que son los principales recipientes de los subsidios del Gobierno”.
Agrega que ambos grupos mediáticos consolidaron su “posición durante la dictadura de Augusto Pinochet y continúan recibiendo subsidios del Gobierno estimados en 5 millones de dólares anuales. Los grupos mediáticos están atados a intereses financieros y de publicidad, y los canales de distribución a través del país, creando altas barreras de entrada para nuevas publicaciones. La posición editorial de ambas publicaciones (El Mercurio y La Tercera) se considera de orientación centroderecha a derecha”.
La Concertación/Nueva Mayoría se queja de la prensa y en 30 años no sólo no fomentaron a los medios independientes, potenciaron aún más el monopolio de la ultraderecha
Y después hablan de Democracia y celebran el «día de la libertad de prensa»
