En el millonario desfalco al Estado que están realizando los militares a través de la Ley Reservada del Cobre, (se gastan el dinero en fiestas, viajes y lujos), The Clinic reveló antecedentes que dan cuenta de nuevos contratos y proveedores hasta ahora desconocidos, que demuestran que el robo de los militares es mucho más grande de lo que se pensaba. Parte del artículo señala:
El Ejército firmó los últimos cuatro años una serie de contratos directos por más de 200 millones de pesos con Inversiones y Comercio Capellán, una de las empresas investigadas por desviar cuantiosos fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre en asociación con una red de uniformados en servicio activo.
Los contratos fueron firmados por la poderosa División de Mantenimiento del Ejército, además de la Jefatura de Transportes. Para suscribir estos convenios la institución otorgó la calidad de “taller concesionado” a la empresa Inversiones y Comercio Capellán, sociedad en que participan los hermanos César y Nicole Fuentes, hijos de Raúl Fuentes Quintanilla, el principal civil implicado en las defraudaciones cometidas hasta ahora con los fondos de la Ley Reservada del Cobre.
Estos convenios, generados entre 2011 y 2014, incluyen desde la prestación del servicio de mantenimiento a camiones hasta el reemplazo de cinturones de seguridad, entre otra amplia variedad de ítemes. Cada contrato fue firmado por montos que oscilaron entre los 30 y los 99 millones de pesos, sin que exista certeza de que los trabajos fueron realizados. Estos documentos, por tanto, abren una nueva arista en el caso, centrado hasta ahora en el pago de facturas fraudulentas con fondos de la Ley Reservada del Cobre, operaciones cuyo corazón táctico fue el Comando de Apoyo a la Fuerza, la unidad a cargo de procesar estos pagos.
Pero estos contratos no son los únicos documentos legales bajo sospecha actualmente. También hay poca claridad de cómo y quién invitó a las demás empresas investigadas a convertirse en proveedoras del Ejército, calidad que aún mantienen. Por ejemplo, el primer trimestre de 2013 el general Héctor Ureta autorizó por escrito el ingreso a la lista de proveedores del Ejército de la recién constuida empresa Tajamar. Casualmente, tres de las primeras siete facturas de la compañía fueron procesadas por el Comando de Apoyo a la Fuerza por un monto de 142 millones de pesos que hoy es investigado por falsedad ideológica.
NOS DICEN QUE «NO HAY PLATA PARA REFORMAS», Y ESTOS VAGOS LADRONES SE LLEVAN EL 93% DE LOS APORTES DE CODELCO AL ESTADO
Y PENSAR QUE LOS FACHOS SIGUEN PENSANDO QUE LOS MILITARES CHILENOS SON PATRIOTAS, CUANDO NO SON MÁS QUE UNA TROPA DE DELINCUENTES DE LA PEOR CALAÑA
