Nueva semana, nuevos antecedentes que demuestran que la «democracia» que nos venden es una farsa ya que los políticos están totalmente comprados por los empresarios. En esta oportunidad, una investigación de Ciper reveló que el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Raúl Súnico Galdames (PS), recibió millones de los empresarios pesqueros agrupados en la Asipes, los mismos que tenían una lista de políticos a los que les pasaban dinero. Cabe mencionar, que esta investigación le costó la salida a Súnico, ya que en horas de la tarde presentó su renuncia. Parte del artículo señala:
De 2010 a 2013 el ex diputado Raúl Súnico (PS) operó en la Municipalidad de Talcahuano impulsando demandas favorables a la pesca industrial. En el mismo lapso, su cónyuge hizo 34 boletas para la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes). Pese al eventual conflicto de interés, el ahora subsecretario de Pesca ha mantenido en reserva este dato, aun cuando Asipes es investigada por financiamiento político ilegal. CIPER tuvo acceso a documentos de Asipes que muestran cómo Súnico ha favorecido a la industria en la tramitación de normas que regulan el sector, desconociendo el programa de gobierno
A solo cinco meses de iniciado el segundo mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, el subsecretario de Pesca, Raúl Súnico (PS), tiró por la borda el programa de gobierno. Lo hizo en una reunión con el entonces presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros del Bío Bío (Asipes), Luis Felipe Moncada. La cita tuvo lugar en la tarde del 13 de octubre de 2014 y hasta hoy permanecía en reserva. Un correo electrónico escrito por Moncada y enviado al día siguiente a tres miembros del directorio de Asipes –bajo la advertencia “RESERVADO NO REENVIAR” (con mayúsculas en el original)–, resumió su conversación con Súnico. El correo estaba dirigido a Jan Stengel, Rodrigo Sarquis y Alberto Romero. En él, Moncada les informó que el subsecretario Súnico le confirmó que no se cumpliría uno de los puntos del programa de Bachelet más resistido por los industriales pesqueros: terminar con la pesca de arrastre, método extractivo duramente criticado por el ambientalismo. Para sepultar esa promesa programática, escribió Moncada, Súnico le señaló que se había autorizado por cinco años la pesca de arrastre del langostino en la Región de Coquimbo, lo que garantizaba que esa controversial fórmula de captura no sería desterrada por este gobierno y sobreviviría, al menos, hasta la próxima administración.
El mensaje de Luis Felipe Moncada también consigna que en esa misma reunión el subsecretario le ofreció una fórmula para acordar con Asipes los cambios a un proyecto de ley que generaba fuertes críticas de los industriales: la autorización para que el sector artesanal pudiese capturar jurel con “línea de mano”, fuera de la cuota anual asignada para la extracción de esa especie. La Asipes se oponía a ese proyecto y Súnico se ofreció a poner un límite a las capturas que pudiesen hacer los pequeños pescadores, pero, para concretar el plan, el subsecretario pidió a Moncada que la senadora Jaqcueline Van Rysselberghe (UDI) destrabara la discusión legislativa.
CIPER consultó a la Asipes por estos u otros honorarios que pagó a Marcela Viveros y si tenía informes u otros documentos que certificaran que los trabajos encomendados a la esposa de Súnico efectivamente se ejecutaron. La asociación se excusó de entregar información aduciendo que esos mismos antecedentes forman parte de una investigación del Ministerio Público por los aportes políticos ilícitos hechos por pesqueras: “Por tratarse de una investigación en curso y reservada en algunas de sus partes, no es posible dar respuesta a su consulta”.
La semana pasada CIPER solicitó una entrevista con el subsecretario Raúl Súnico, pero su encargado de comunicaciones señaló que éste no estaría disponible durante dos semanas, porque viajaría al exterior por razones de trabajo. Tampoco accedió a un contacto telefónico o videoconferencia.Los antecedentes sobre las boletas extendidas a Asipes por la esposa de Raúl Súnico podrían caer dentro de la investigación del financiamiento político ilícito que lleva adelante el Ministerio Público. Esto, porque los pagos a Marcela Viveros fueron hechos por los empresarios pesqueros entre 2010 y 2013, el mismo periodo en que Raúl Súnico preparaba su campaña de retorno a la Cámara de Diputados.
Si el poder económico tiene comprado el poder político, lamentamos decirles que su voto cada 4 años no vale una soberana mierda
