En un claro intento por querer sacar a los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena del Caso Penta, el abogado de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, actualmente formalizados por cohecho, delito tributario y lavado de activos, (al igual que sus respectivas señoras), presentó un requerimiento para que los persecutores declaren en la causa por haber vulnerado las garantías constitucionales de sus representados al momento de ser interrogados como imputados. Desde el Ministerio Público expresaron su pesar por la decisión del Octavo Juzgado de Garantía, mientras que abogados querellantes en la causa aseguran que la estrategia puede debilitar la acusación contra los excontroladores de Penta. Una nota de Radio Universidad de Chile señala:
Con molestia fue recibida la resolución del juez Juan Manuel Escobar de reabrir la investigación del caso Penta por 120 días. La indagatoria llevada adelante por los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena se encontraba en etapa de juicio oral, hasta que las defensas solicitaran nuevas pesquisas por considerar que no estaban agotadas. Entre las nuevas diligencias pedidas se encuentra de Julián López, abogado de los ex controladores del Grupo Penta, que hizo su jugada maestra: presentó un requerimiento ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, para que los persecutores declaren en la causa por haber vulnerado las garantías constitucionales de sus representados al momento de ser interrogados como imputados.
El defensor de Carlos Lavín y Carlos Délano los acusa de haber desconocido un eventual acuerdo con sus protegidos, toda vez que la pareja de persecutores habría indagado con ellos la posibilidad de llegar a juicio abreviado a cambio de que rompieran el silencio, también se habrían comprometido a no pedir prisión preventiva de cara a la formalización. La estrategia de López busca, en primer término, acreditar que Norambuena y Gajardo no cumplieron con la oferta. De ser corroborado el hecho, la autoacusación de los ex controladores de Penta sería sacada de la carpeta investigativa, debilitando las acusaciones en su contra. El segundo paso del defensor apuntaría a excluir a los fiscales del caso, de paso, terminar de sacar las pruebas presentadas por el Ministerio Público con las que se acusa a la pareja de empresarios de soborno y delito tributario. Para concretar su estrategia necesita que el juez Escobar sancione el actuar de los persecutores, decisión que podría ser impugnada en algún tribunal mayor.
Según explicó Mauricio Daza, uno de los abogados querellantes del caso, es efectivo que esta jugada pone en riesgo la continuidad de Gajardo y Norambuena en el caso. Así, rechazó categóricamente la decisión del magistrado, “ya que los funcionarios públicos sólo pueden hacer aquello que les está expresamente permitido, no existiendo norma alguna que autorice que un fiscal declare como testigo en una causa que el mismo dirige, y sobre actuaciones que ha realizado como tal durante el transcurso de una investigación penal”, dijo a la prensa.
El jefe regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, también condenó el actuar de Juan Manuel Escobar: “Derechamente hay una maniobra destinada a tratar de sacar a los fiscales (Carlos) Gajardo y (Pablo) Norambuena de la investigación”. El fiscal calificó de “absurdo” el pretender que declaren en una investigación que llevan adelante. En esa línea, insistió en sus reparos contra la decisión del Octavo Juzgado de Garantía que accedió al requerimiento de la defensa de dos de los principales imputados del caso. El caso, que tiene a 39 acusados, estaba pronto a su resolución. Ahora, los querellantes deberán esperar el nuevo plazo ampliado, tiempo en el que los fiscales podrían declarar como acusados de un acuerdo incumplido.
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