Como le hemos explicado anteriormente, antes de pensar en cualquier beneficio a los militares de Punta Peuco se deben considerar dos cosas. Primero, ellos no están presos por microtráfico, vender DVD’s piratas o robar un celular, lo están por crímenes de lesa humanidad. (Acá para conocer algunos relatos sobre lo que hacían estos «abuelitos») Segundo, porque no están «encerrados» en las deplorables condiciones de hacinamiento que el resto de los presos del país, sino que viven un verdadero hotel de lujo llenos de comodidades. El periodista Mauricio Weibel, subió a twitter algunas fotografías de Punta Peuco.
En Punta Pueco, una de las principales críticas que se le realiza es la situación de privilegio en que viven los internos, en comparación al resto de los complejos penitenciarios del país. Los poco más de cuarenta reclusos (vigilados por el doble de gendarmes) están divididos por sectores, correspondiendo cada uno a las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden a las que pertenecieron (también hay un espacio separado para ex funcionarios de la PDI).
Para ingresar a cada sector se deben pasar varias rejas de control y entregar, por ejemplo, los celulares. Cada recluso cuenta con su habitación y baño privado. Allí la mayoría mantiene su propio refrigerador con alimentos, aparato de TV, computador, etcétera. Las áreas comunes bajo techo corresponden a una amplia cocina y salas de estar con biblioteca. En el exterior, un prado del tamaño de una cancha de baby fútbol les permite en el verano instalar quitasoles, muebles de terraza y asaderas para atender a sus visitas.
Los 95 militares asesinos y torturadores “encerrados” en el hotel de Punta Peuco, la mayoría de ellos condenados por brutales crímenes de lesa humanidad durante la Dictadura Cívico-Militar, reciben una pensión promedio de $1.618.459. El exfiscal militar Juan Fernando Torres Silva, quien cumple una pena de 10 años por el homicidio de Eugenio Berríos en 1991, recibe una jubilación $3.254.85. Miguel Krassnoff Martchenko, ex brigadier del Ejército e integrante de la Brigada Lautaro de la Dina, es otro de los que recibe una de las pensiones más altas con $2.489.658. Carlos Herrera Jiménez, cumpliendo pena por el asesinato de Tucapel Jiménez, recibe un pago de $1.019.730.
Cualquier cuestionamiento a la condición en la que se encuentran las personas privadas de libertad debe comenzar por los presos comunes, no con los militares asesinos que viven en el hotel de Punta Peuco
