El día de ayer el Gobierno anunció con bombos y platillos que habían llegado a un acuerdo con las empresas eléctricas y que tras un «enorme sacrificio» de ellas acordaron pagarle 10 mil pesos a las personas que accedan instalar el innecesario medidor inteligente… ¿La letra chica? Los medidores inteligentes aumentan las cuentas de la luz y valen 87 mil pesos que también tendremos que pagar nosotros. Una nota de Ciper detalla:
Para definir cuánto se debía cobrar en las tarifas por este cambio, la Comisión Nacional de Energía (CNE) encargó un estudio en octubre de 2017 a un consultor externo: Inecon. Lo relevante es que los cálculos se hicieron en base a las proyecciones de inversión entregadas por las propias compañías distribuidoras. Lo cierto es que el recambio tecnológico aumentará las cuentas hasta en un 5% cada año para solventar esta inversión.
En Chile, históricamente el medidor y el empalme han sido propiedad del cliente. Al menos hasta principios de 2018, el 70% de los medidores era propiedad de los usuarios. Lo mismo ocurría con más del 84% de los empalmes: las instalaciones que van desde los postes hasta el medidor. La CNE definió que la propiedad debía pasar a las compañías distribuidoras de electricidad. Y determinó que los nuevos medidores debían cumplir ciertos requisitos y compartir las mismas características en todo el territorio. En este punto el Congreso jugó un papel clave: la Ley 21.076, que se aprobó en enero de 2018, estableció que medidores y empalmes pasarán a ser propiedad de las empresas y los usuarios deberán pagar por esos dispositivos a través de las tarifas.
Esa ley fue el trámite indispensable para que se pudieran expropiar los medidores masivamente sin indemnizar a los clientes y para que los empalmes pasaran también a ser propiedad de las compañías. Y ello, porque apenas Enel (ex Chilectra) manifestó ya en 2016 su decisión de hacer el cambio tecnológico, y de proveer a los millones de clientes con sus propios medidores, hubo reclamos. El principal fue de la Cámara Chilena de la Construcción ante la Fiscalía Nacional Económica. «Pero esto no es una expropiación, porque tú te vas a quedar con el medidor antiguo. Ahora, que el medidor no te sirva para nada, ya es problema tuyo», explicó a CIPER el ex secretario ejecutivo de la CNE, Andrés Romero.
Romero dijo a CIPER que a fines de 2017 la CNE definió el precio a pagar por un “medidor inteligente”: US$132 ($87.500). La cifra no dice relación con la que el propio Andrés Romero informó a la Comisión de Minería y Energía del Senado: el valor del medidor “no debería superar los US$100”. Y agregó que, probablemente, llegaría al 50% de ese monto.
Si están sintiendo ardor en el ojo es por el soberano pico que nos metieron con la estafa de los medidores inteligentes… Que más encima el Gobierno de Piñera haya celebrado que las empresas hayan hecho un «esfuerzo» en «regalarnos» 10 mil pesos sólo es otra burla más de un Gobierno que se cae a pedazos
