Giro doloso de cheques, robo reiterado y demanda por pensión de alimentos: El escandaloso prontuario delictual del inútil Cristián Barra

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Ya sabemos que Cristián Barra es un inútil, que ha fracasado en todas partes, y que es el niño símbolo de la mediocridad de la Derecha ya que a pesar de todo lo siguen apitutado en todas partes. Lo que poca gente conoce, es que más encima el tipo es un delincuente rematado que cuenta con un escandaloso prontuario delictual.

 

Demanda por pensión de alimentos

En el año 2007 fue demandado por no pago de la pensión alimenticia por parte de su exesposa en el 2º Juzgado de Menores de Santiago. Recibió como condena la cancelación de tres sueldos mínimos para la mantención de su primera familia.

 

Apropiación indebida

En el año 2002 Fue querellado por 8 millones de pesos por “apropiación indebida” de algunos equipos de audio luego de que fracasara la sociedad con Miguel “Negro” Piñera (discoteque Studio 54). El dueño del local, Andrés Muzzard, presentó el escrito por hurto ante el 33° Juzgado del Crimen de Santiago.

 

Giro doloso de cheques

En el 2000 estuvo preso dos días por una querella en su contra por giro doloso de cheques. “Los socios se alarmaron al poco tiempo. Al revisar el registro de Dicom, se dieron cuenta que Barra tenía una cantidad importante de cheques protestados y la cuenta creada para el restaurante estaba reventada. Además, sumaba varios millones de pesos en imposiciones declaradas que no habían sido canceladas a sus empleados. Decidieron removerlo de su cargo, pero nunca consiguieron recuperar la inversión inicial. Las deudas y la fama del restaurante habían llegado a tal nivel que, respecto de los protestos los bancos, sólo aceptaban dinero en efectivo, porque a Barra ya no le creían nada”. “El 27 de octubre de 2000, Barra giró un cheque de la cuenta bipersonal que mantenía con su esposa, Mónica Fuchslocher, para pagar a uno de sus deudores. El documento fue protestado el 2 de noviembre de ese mismo año. Por lo mismo, las órdenes de aprehensión, tres en total, también se extendieron a ella luego de que los acreedores iniciaran acciones judiciales”.

 

Despilfarrar millones en el fracasado plan «Estadio Seguro»

El 3 de enero Chilecompra subió a su página web una resolución exenta fechada el 21 de noviembre que, en virtud de las atribuciones de la Subsecretaría de Prevención del Delito, aclara el valor total que irrogará la compra del Sistema de Acceso Móvil (SCAM), adquirido para el Plan Estadio Seguro, estableciendo que la adquisición de los equipos tendrá un monto máximo de $1.800.000.000. El documento alude a los vistosos torniquetes que el coordinador del plan de gobierno, Cristián Barra, mostró en sociedad durante la final del campeonato entre Huachipato y Unión Española, y cuya puesta en marcha fue calificada como “un éxito”. En rigor dicha licitación ya estaba oleada y sacramentada desde el pasado 6 de agosto de 2012, cuando fue asignada a la empresa Bitelco Diebold Chile Limitada, con un costo inicial de 1.080 millones de pesos para la compra de 96 torniquetes que el gobierno adquirió en orden a la nueva Ley de Violencia en los Estadios, que ahora obliga a los clubes a dotar de medidas de seguridad los recintos deportivos. La millonaria inversión del Ejecutivo en los torniquetes que buscan impedir el ingreso a los estadios a quienes haya sido sancionados por violencia en estos recintos abre una serie de dudas entre quienes conocen de cerca el funcionamiento de los recintos deportivos. Primero porque son los clubes deportivos y no el gobierno los obligados por ley a implementar los sistemas de seguridad en los estadios. Aun así, el Congreso autorizó el desembolso de 1.800 millones para una marcha blanca del sistema que durará hasta marzo de 2014.

 

Cuando lo echaron se robó media oficina

El Consejo de Defensa del Estado (CDE), se querelló contra Barra ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, asegurando que se había quedado con un iPad y un microproyector que empleaba mientras era funcionario público. La acción por malversación de caudales públicos fue interpuesta luego que desde la Subsecretaría del Interior enviara una carta el 8 de abril de 2014 requiriendo a Barra la entrega de los citados artículos. El CDE también escribió solicitando la devolución, lo que no tuvo respuesta. La querella apunta a un perjuicio fiscal de $1.060.000 por el iPad y el microproyector.




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