En un caso de gravedad extrema, y que vuelve a demostrar que el Ejército sigue con la tesis del enemigo interno persiguiendo objetivos civiles y sigue utilizando la inteligencia nacional para encubrir su corrupción, ahora se supo que engañaron a la Corte de Apelaciones para espiar a Mauricio Weibel, el periodista que destapó el escándalo de corrupción “MilicoGate”. Un artículo de Ciper detalla:
El 27 de septiembre de 2017 el entonces director de Inteligencia del Ejército, general Schafik Nazal Lázaro, envió al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Poblete Méndez, una solicitud de autorización para interceptar las comunicaciones emitidas y recibidas por una línea telefónica de la compañía Movistar. En ese documento Nazal pide autorización para interceptar las comunicaciones telefónicas de una supuesta agente extranjera que recolectaba información sobre el Ejército. El ministro Poblete lo autorizó. Lo hizo sin saber que el número de teléfono que figuraba en el documento en realidad correspondía al periodista Mauricio Weibel Barahona, quien entonces investigaba casos de corrupción militar.
Ese documento de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), al que CIPER tuvo acceso, ya está en poder del Ministerio Público. La Fiscalía investiga la Operación W, como se denominó en la jerga militar el espionaje al periodista Mauricio Weibel. “A través de antecedentes aportados por el Sistema de Inteligencia Institucional, se ha obtenido información respecto al accionar de un agente (tarjado en el original) en nuestro país identificada como (tarjado) cuyo objetivo sería la obtención de antecedentes estratégicos sobre el Ejército de Chile en la ciudad de Santiago”, señala el documento.
La solicitud de la DINE incluyó la interceptación de las llamadas realizadas y recibidas desde ese teléfono, el acceso a sus mensajes de texto y las “coordenadas georeferenciales” emitidas por el sistema Vigía. Ese sistema permite saber a través de qué antena un celular se conectó a la red, facilitando su ubicación geográfica aproximada. Dos semanas después, el 12 de octubre de 2017, la Corte de Apelaciones de Santiago envió un oficio a Movistar ordenando la intervención del teléfono celular (vea aquí). En ninguno de esos documentos oficiales y secretos, se menciona que esa línea era –y sigue siendo– de Weibel.
Las interceptaciones telefónicas hechas por la inteligencia militar deben ser autorizadas por un ministro de la Corte de Apelaciones. En este caso, el ministro Poblete la visó porque se le informó que correspondía al teléfono de un agente extranjero. Pero no era cierto. El Poder Judicial fue engañado: el Ejército usó este recurso para espiar al periodista que había descubierto el millonario fraude del “Milicogate” y que en 2016, un año antes de que se interceptara su celular, publicó el libro “Traición a la patria”, donde abordó el desfalco militar, mismo tema que trató en diversos reportajes difundidos por The Clinic.
OPERACIÓN W
El espionaje del Ejército a Weibel fue conocido como la Operación W. Lo destapó en 2019 un reportaje de La Tercera y pocos días después el entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, respaldó la operación ante la comisión de diputados que supervisa el sistema de inteligencia. Espina, quien ahora es miembro del Consejo de Defensa del Estado, señaló que la intervención se había hecho dentro del margen de la ley. Lo mismo aseguró quien en 2019 ejercía como director de inteligencia del Ejército, general Guillermo Paiva.
Cuando fue consultado por la prensa por el espionaje a Weibel, indicó que “las investigaciones que se han hecho han sido autorizadas legalmente por un ministro de la Corte de Apelaciones y con el amparo de la seguridad nacional, la inteligencia y la contrainteligencia”. Lo que no dijeron ni Espina ni Paiva es que el documento que solicitó al Poder Judicial que autorizara la interceptación nunca mencionó que el teléfono de la supuesta agente extranjera era en realidad de Mauricio Weibel.
OPERACIÓN TOPÓGRAFO
Junto con la intervención telefónica a Weibel, el Ejército también puso en marcha la Operación Topógrafo, para espiar las comunicaciones de cuatro militares que denunciaban casos de corrupción al interior de la institución castrense: el capitán Rafael Harvey Valdés, el ex teniente Carlos Farías Ramírez, al ex sargento Juan Pablo Díaz Pino y el cabo primero Sergio Andrés Tudesca Órdenes. Pero en este caso, el Ejército solicitó a la Corte de Apelaciones que autorizara la interceptación por el riesgo de que se estuvieran filtrando documentos que pudiesen afectar la seguridad nacional.
El diputado Leonardo Soto (PS) presentó una querella por el espionaje a Weibel y a los cuatro militares denunciantes de corrupción. Esa acción judicial dio origen a una investigación penal a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Centro Norte. El director de la inteligencia militar entre 2016 y 2017, Schafik Nazal, ha declarado en calidad de imputado en esa causa. La indagatoria, todavía desformalizada y reservada, la lleva el fiscal Jaime Retamal. Se trata del mismo fiscal que investiga la denuncia del espionaje realizado por la DINE a la magistrada Romy Rutherford, quien investiga causas de corrupción militar.
