Concentración de medios y desigual distribución de la publicidad estatal: Los mayores problemas de la “libertad de prensa” en Chile

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El Estado chileno gasta anualmente 50 millones de dólares en publicidad y casi toda se la llevan los grandes medios que tienen un sesgo ideológico similar… Si queremos libertad de prensa eso tiene que cambiar

 

Más allá de que efectivamente los grandes medios en Chile están cargados a la Derecha y tienen un escandaloso historial de desinformación a sus espaldas, (El Mercurio, Canal 13, Mega, Copesa), la solución no pasa por censurarlos o someterlos a consejos ciudadanos, pasa por evitar que los dueños de esos medios también sean dueños de grupos económicos, (algo que se hace en todo el mundo), y buscando disminuir la concentración de medios para garantizar la pluralidad de la información. Sobre esto último, una solución inmediata es distribuir de manera equitativa la publicidad estatal, ya que hasta el momento, todos los recursos quedan en manos de los mismos medios antes mencionados.

 

La concentración de medios en Chile es una de las más altas de la región

De acuerdo a un informe realizado por el experto Luis Adolfo Breull para el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) a fines de 2015, los cuatro principales operadores en cada sector de medios de Chile concentran más del 90% del mercado, cuando en América Latina el promedio es 80%. En la TV abierta y de pago, el índice de concentración en la TV también llega al 91% y al 87% en audiencia e ingresos publicitarios, respectivamente.

 

En otros sectores se destaca el cuasi duopolio en el mercado de la prensa (El Mercurio y la Tercera) con un índice de concentración del sector de 98%, mientras que en radio el 84% de la facturación publicitaria se la quedan los cuatro primeros operadores (liderados por el grupo español PRISA). Además, la situación de los mercados de medios refleja una alta concentración de la propiedad, formas de concentración horizontal, integrada y multimedia, con una fuerte centralidad de la producción de contenidos en la ciudad de Santiago, y una alta participación del capital extranjero.

 

De acuerdo a un informe realizado por el experto Luis Adolfo Breull para el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) a fines de 2015, los cuatro principales operadores en cada sector de medios de Chile concentran más del 90% del mercado, cuando en América Latina el promedio es 80%. En la TV abierta y de pago, el índice de concentración en la TV también llega al 91% y al 87% en audiencia e ingresos publicitarios, respectivamente.

 

En otros sectores se destaca el cuasi duopolio en el mercado de la prensa (El Mercurio y la Tercera) con un índice de concentración del sector de 98%, mientras que en radio el 84% de la facturación publicitaria se la quedan los cuatro primeros operadores (liderados por el grupo español PRISA). Además, la situación de los mercados de medios refleja una alta concentración de la propiedad, formas de concentración horizontal, integrada y multimedia, con una fuerte centralidad de la producción de contenidos en la ciudad de Santiago, y una alta participación del capital extranjero.

 

La discusión sobre la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en Chile constituye un tema que se discute al menos desde la época en que el país era gobernado por Salvador Allende. En aquellos momentos, la prensa escrita jugó un rol importante en la difusión de ideas que contribuyeron a desestabilizar al primer presidente socialista de América del Sur. La televisión todavía no acompañaba el modelo comercial que predominaba en la región ya que los canales estaban en manos del estado y de las universidades.

 

Después de tantos años, el sistema político se ha acostumbrado a convivir con un actor social poderoso. Si bien a partir de los 90 los medios de comunicación chilenos se organizan con criterios de eficiencia económica, su interés en la política no ha decrecido. En este contexto, la concentración de la propiedad de los medios se torna un problema irresuelto, en el que algunas organizaciones sociales, sindicales y políticas procuran instalar un debate mayor.

 

Mientras tanto, Chile sigue careciendo de una regulación que límite la concentración de la propiedad de los medios, y es uno de los pocos que permite su control por parte del capital extranjero. El centro del informe que interesa a la CNTV por su competencia directa en el sector (al que puede accederse aquí) se refiere a la industria televisiva chilena y muestra que los cuatro primeros operadores de TV abierta dominan el 91% de la audiencia total y el 87% de la pauta publicitaria, con una importante participación de los grupos de las familias Luksic (Canal 13) y Heller Solari (Mega), así como el grupo empresarial norteamericano Time Warner (Chilevisión).

 

Si bien hasta mediados de la década pasada el canal público Televisión Nacional (TVN) se encontraba entre los de mayor audiencia e integra el CR4, en los últimos años ha perdido participación en el mercado. De esta forma Chile se ha mimetizado con la tendencia regional de un fuerte predominio de empresas comerciales de televisión. En el mercado de la televisión paga el panorama es el mismo, en un escenario donde se observa un marcado crecimiento de su participación en el acceso de las familias chilenas, cuya penetración se encuentra casi en los mismos niveles que la televisión abierta (los hogares con suscripción superan los 2,8 millones en todo el país).

 

El desglose por sector de las comunicaciones

En el mercado de las publicaciones impresas se mantiene el virtual duopolio de los grupos El Mercurio y Copesa (La Tercera). Entre ambos concentran el 80% de la lectoría y el 83% de la inversión publicitaria. Estos grupos tienen un fuerte control de la prensa regional. El tercer grupo en importancia es el grupo Metro, de distribución gratuita, que supera el 10%. El índice de concentración del mercado de la prensa se ubica en el 98%. La concentración también se observa en el mercado de revistas donde se destaca la presencia del grupo mexicano Televisa.

 

El grupo El Mercurio es liderado Agustín Edwards Eastman, y el Grupo Copesa (Consorcio Periodístico de Chile S.A.), está bajo el mando de Álvaro Saieh Bendeck. Ambos grupos también tienen intereses directos en la propiedad de empresas vinculadas con inversiones en mercados inmobiliario, financiero, alimentos, agrícola y agroindustrial, de distribución, servicio al cliente y editorial. De esta forma, los principales grupos de prensa chilena son parte de grupos empresariales de matriz diversificada, donde los medios de comunicación cumplen un rol tanto político como económico. Estos grupos han logrado extender su dominio al mercado de los medios digitales.

 

En el mercado radial la situación es similar aunque con distintos actores. Si en otros países de la región la radio muestra menores niveles, en el caso chileno el índice de concentración alcanza al 78% de la audiencia y al 84% de la inversión publicitaria. El principal operador en el mercado radial es el grupo Prisa, de capitales españoles. También participan en este mercado los grupos Copesa (Saieh) y el Canal 13 de televisión (Luksic).

 

La situación de los mercados de medios refleja una alta concentración de la propiedad, formas de concentración vertical en telecomunicaciones y TV de pago (VTR y Telefónica), horizontal (PRISA y otros), multisectorial o en diferentes sectores de la economía (Canal 13 y grupo Bethia) y multimedia (Canal 13 y grupo Bethia), con una fuerte centralidad de la producción de contenidos en la ciudad de Santiago y una alta participación del capital extranjero (Time Warner, Ángel González y otros). Las posibilidades de otros grupos de iniciar o siquiera mantener medios que promuevan una mayor pluralidad se ve afectada por la concentración de los recursos económicos en pocas manos.

 

El gasto público nebuloso y discrecional en publicidad

Ninguna Cuenta Pública presidencial hace siquiera una mención remota a las acciones comunicacionales de los gobiernos. Los presidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet o Sebastián Piñera podrán haberse referido in extenso a la necesidad de transparencia y probidad, a la modernización del Estado, a los proyectos de ley que enviarían al Congreso, al control del gasto fiscal y a todo el dichoso mundo del crecimiento futuro. Pero ninguno, jamás, se refirió a las opacidades, acentos comunicacionales y discrecionalidad reinantes en los gastos de la publicidad que realiza el Estado de Chile, a través de los medios de comunicación.

 

El gasto público en esta publicidad, según fuentes oficiales –datos del Observatorio del Gasto Fiscal– ascienden a cerca de 50 millones de dólares anuales, con un porcentaje de alrededor del 40% no rastreable –a qué medios fueron a parar y en qué proporción– y en los que, en general, reina la opacidad y el descontrol. Sin ir más lejos –de acuerdo a los datos aportados en el informe preparado por dicho Observatorio–, las cuentas entregadas por la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda al Congreso Nacional sobre este rubro, difieren en varios miles de millones de pesos de aquellas proporcionadas directamente por los servicios públicos que hicieron los gastos y no existen respaldos ni información fidedigna sobre los gastos incurridos, lo que impide contrastarlos. Existe confusión grave en las cuentas, estas se entregan sin desagregar, con mucho retraso y, cuando se dan a conocer, todo es sin la más mínima explicación ni responsabilidad.

 

Textualmente, el informe señala que “los datos actualmente disponibles no son suficientes, consistentes, ni de fácil acceso, para poder contestar la pregunta ¿quién recibió y cuántos recursos?» y agrega que “el uso de agencias no permite identificar el destino final de los recursos, creando bolsones de gastos contrarios a la transparencia entre el Estado y un medio. Ello impide calcular los niveles reales de concentración, lo que se ve agravado por i) la mala calidad del registro del nombre del proveedor en el mercado público… (ii) la inexistencia de información sobre los dueños finales de estos medios… iii) (y) tampoco se puede diferenciar gasto obligatorio de gasto de campaña de políticas públicas”. El documento asimismo detalla que “el año 2017, datos entregados a la comisión especial mixta de Presupuestos por quienes debían informar y lo hicieron, fue de 40 mil millones, mientras que Dipres informó 27 mil millones, un 31% menos”. Lo anterior es un indicador preocupante de que no existe control y los gobiernos de turno podrían estar utilizando esos fondos de manera descuidada o ilegal, incluso favoreciendo a clientelas institucionales de medios con el fin eventual de influir y moldear los enfoques noticiosos en el país.

 

Como señala la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en materia de libertad de información, fuera de la censura directa, existen mecanismos sutiles para “impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. Y la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puntualiza, en su artículo 13, que “la utilización del poder del Estado y los recursos de la Hacienda pública, la concesión de prebendas arancelarias, la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales, son incompatibles con la libertad de expresión”.

 

El tema ya ha sido abordado en América Latina con una relatoría especial para la Libertad de Expresión y, en varias oportunidades, nuestro país ha sido mencionado como ejemplo de opacidad. Sobre todo en torno a la distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial, importante mecanismo de censura indirecta que “actúa como un fuerte disuasivo de la libertad de expresión”. Esa relatoría agregó que ello “es una forma de presión que actúa como premio o castigo, que tiene por objeto condicionar la línea editorial de un medio según la voluntad de quien ejerce la presión”.

 

El actual Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, aunque se omite de un relato institucional y de desarrollo que exprese su idea de país, responde a cada problema con un juego comunicacional específico y de publicidad estatal concreto, como ejemplo vivo de que dineros de todos los chilenos podrían estar sirviendo para modelar noticias antes que para comunicar soluciones de política. Ello ya fue observado por la Contraloría el año 2013, durante su primer mandato.

 

Es evidente que el Estado de Chile tiene un problema de libertad de expresión y de pluralismo y transparencia en sus gastos de publicidad oficial. Los consolidados de los datos disponibles entregados por el mencionado informe del Observatorio del Gasto Fiscal en Chile, indican una alta concentración, discrecionalidad y la imposibilidad de rastrear financieramente parte importante de ellos, pese a que por norma constitucional el gasto público es refrendado, es decir, debe constar en un presupuesto aprobado e itemizado y tener respaldo documental. Además de un problema de democracia, lo mencionado seguramente también puede revestir uno de probidad pública.




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4 comentarios

  1. Calamardo hermoso on

    Mono DC, la solución si pasa por censurarlos (hoy los medios censuran) y someterlos a consejos ciudadanos y de expertos, tal como lo hacen los paises decentes ya que el derecho humano a la comunicación y libre expresión, así como el derecho a una información plural, veraz y oportuna está resguardado por el sistema internacional de derechos humanos y entendido como condición básica de toda democracia.

    La herencia de la dictadura y la nula acción de los gobiernos democráticos permitieron sostener un modelo de comunicación privatizado que excluye voces diversas y sobre representa intereses de los sectores hegemónicos. Una de las principales trabas se encuentra en la actual Constitución, la que establece en el artículo 19 – N°12 “la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio…”, desconociendo el derecho de la población a comunicar y recibir información oportuna, diversa y veraz, ya que omite, sin más, a la sociedad receptora y la dimensión colectiva de los derechos asociados a la comunicación. Además, prohíbe solo el “monopolio estatal sobre los medios de comunicación social”, sin regular otros sectores. Aquello ha provocado un escenario medial de alta concentración de la propiedad de medios privados, sin medios públicos, y persecución a medios sociales o comunitarios. Uno de los peores escenarios de América Latina.

  2. Calamardo hermoso on

    En el caso de la prensa escrita, existe un cuasi duopolio entre dos conglomerados: El Mercurio y COPESA. La prensa escrita presenta una situación crítica de concentración que se sostiene en el tiempo. Las empresas El Mercurio SAP y el Consorcio Periodístico de Chile, COPESA, líderes indiscutidos del mercado, concentran un 82% de lectoría y más del 84% de la publicidad en el sector. Este virtual duopolio entre ambas empresas se extiende también a la prensa regional donde tienen un fuerte control. Por otra parte, ambos son parte de empresas inmobiliarias, nancieras, alimentarias, agrícolas y agroindustriales, de distribución, servicio al cliente y editorial; rubros en que los medios de comunicación masiva ejercen un rol ideológico, político y económico, permitiéndose, sin ningún tipo de regulación, lo que se denomina concentración vertical y horizontal, propiedad cruzada y en distintos sectores productivos. Un modelo de negocio que se expande, además, al mercado de los medios digitales. En radio, el control está en manos de los holdings Iberoamericana Radio Chile, Grupo Luksic, grupo Bethia y Grupo Dial. En televisión los principales grupos son TVN, Grupo Bethia (nuevamente), Grupo Luksic (nuevamente) y Time Warner. Escenario que se repite con los gigantes mundiales de la virtualidad. La concentración de la propiedad es una realidad sistémica que afecta la garantía colectiva de los derechos asociados a la comunicación y ha prevalecido por décadas. Si bien se remite a una realidad económica, también se maniesta en el plano ideológico, ejemplo de lo anterior es la práctica habitual de los medios masivos que tienden a exponer una reducida representación de la sociedad cargada de valores, juicios y prejuicios. La concentración de los medios también es geográca y se expresa no solo en la convergencia de todos los medios nacionales en Santiago, sino también en que muchos medios regionales y provinciales tienen matriz en la capital del país y sus equipos profesionales están conformados principalmente por trabajadores y trabajadoras que provienen de las grandes ciudades. Por otro lado, no existe resguardo de medios sociales o sin nes de lucro, que más bien son estigmatizados y criminalizados en su actuar. Tampoco hay institucionalidad alguna que cuide los derechos de las audiencias.

  3. Calamardo hermoso on

    Propuestas programáticas de Jadue:

    1. Crear un medio público. Por eso, sugerimos modicar la ley de TVN para dotarla de una concepción de medio público, que modique el nombramiento de su directorio y contemple nanciamiento mixto (público y privado) que le permita cumplir con su rol de educar, informar y entretener.

    2. Soberanía tecnológica para un Chile seguro e independiente (impulso del software libre en la administración y en la educación pública. Chile promocionará el uso de un software libre gratuito, estable, más eciente y con énfasis en las instituciones educativas públicas.

    3. La Asamblea General de las Naciones Unidas denió el año 2016 el acceso a Internet como un Derecho Humano. En Chile es fundamentalmente una mercancía administrada por pocas empresas en un mercado hiperconcentrado. La digitalización creciente de las más diversas actividades, y los efectos de la pandemia hacen urgente reconocerlo como DD.HH en la nueva Constitución. Además, se hace necesario llevar medidas concretas tendientes a permitir el acceso a internet y el acceso al hardware necesario para las comunidades y las personas. Así, a mediano plazo, se propone el impulso y aceleración de Plan de Banda Ancha para Chile que garantice el acceso.

    4. Se propone sentar las bases de lo que debe ser una Plataforma o Sistema de Medios Públicos (SMP). El debilitamiento, sino derechamente la destrucción de los medios públicos (mediante privatización o precarización) ha sido una marca de las políticas Neoliberales en el ámbito de lo mediático-comunicacional. Es lo que ha ocurrido en Chile, sobre todo a partir de 1990. Por el contrario, gobiernos progresistas han optado por una clara política de fortalecimiento del SMP; es lo que proponemos que también ocurra en nuestro país. Así, sugerimos el desarrollo de una política pública que funde e integre un modelo multimedial de medios públicos, que incluya las distintas plataformas (audiovisual, sonoro, escrito y virtual).

    5. Promover una ley Orgánica de Comunicación (LOC); Ley de Servicios Mediales, Ley de Medios o como preera denominarse. Chile carece de una institucionalidad en materia de comunicaciones; adicionalmente, la legislación que regula el sector está repartida en múltiples leyes de diferente alcance y ámbitos de emanación, a diferencia de otros países como Ecuador o Canadá. Una LOC permitiría establecer una política pública de creación y fomento de medios de comunicación; estableciendo garantías para la existencia de los tres sectores de la comunicación: medios públicos fortalecidos; privados con regulaciones en su estructura de propiedad y sociales o sin fines de lucro con apoyo público que les haga sustentables; así como el contexto digital. Asimismo, permitiría administrar de un modo transparente y democrático, la asignación de frecuencias y los diversos mecanismos de nanciamiento que hoy existen y que son opacos y fragmentados. La nueva Carta Magna deberá dar rango constitucional a la existencia de esos tres sectores de medios y a la regulación de la concentración de la propiedad medial privada.

    6. Crear un organismo de Defensoría de audiencias y públicos. Sentar las bases del debate para la creación de un organismo autónomo del Estado, encargado de velar por los derechos de las audiencias frente a los grandes medios masivos. Su papel será contar con campañas de educación y defensa de sectores históricamente excluidos o discriminados de los relatos mediático, como indígenas, mujeres, migrantes, niñas, niños, adolescentes, entre otros.

    7. Institucionalidad Pública de Comunicación. Es importante evaluar la incorporación de una nueva estructura en el Ejecutivo, que analice y estudie el devenir de políticas públicas en materia de comunicación. Se propone evaluar la implementación de experiencias de ministerios de Información o Comunicaciones, existentes en diversos países del mundo.

  4. ¡Este es el momento de poner la patria en pie!

    ¡Ayudando al pueblo en la victoria, con la urgencia de su Dignidad, Frente Patriótico Manuel Rodríguez!

    Ante el nuevo escenario que nos encontramos y la necesidad de reconstruir el poder soberano de los pueblos, hacemos un extenso llamado al Pueblo en Rebeldía y Wallmapu. Crear Asambleas Territoriales, Comités y Organizaciones Populares Poblacionales, del Arte, la Cultura y de todo tipo, para sepultar definitivamente el neoliberalismo.

    Recibimos Aportes en Monero (Criptomoneda) para configurar, a nivel nacional, la reconstrucción necesaria del Poder Soberano de los Pueblos.

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