- El espionaje y las intercepciones de teléfonos son herramientas que tienen las policías para detener delincuentes. Por supuesto que tienen que contar con la debida autorización de la justicia, ya que el objetivo debe ser efectivamente buscar resolver delitos, no espiar a la población.
- El problema viene porque Carabineros espiaba a todo el mundo menos a los delincuentes, le mentían a la justicia para pincharle el teléfono a diferentes personas de las que decían y más encima fabricaban evidencia. El resultado era predecible: NO DESCUBRIERON NINGÚN DELITO Y NO DETUVIERON A NADIE. Parte de un artículo de CIPER Chile detalla:
Durante tres meses, entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, el teléfono de una conocida productora de eventos, Luisa Fernanda Zaldúa, estuvo intervenido por la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar). Los agentes de la policía escucharon y pudieron grabar cada una de sus conversaciones, en las que ella dialogó con humoristas, cantantes y managers. La interceptación de su celular fue autorizada por la Corte de Apelaciones de Temuco, aunque bajo una premisa falsa: los oficiales de la Dipolcar indicaron en su solicitud que ese número correspondía al actor Daniel Alcaíno.
“No conozco ese número telefónico, nunca ha sido mío”, dijo Alcaíno a CIPER. “Este es mi número celular desde hace muchos años, no tiene nada que ver con él”, confirmó Luis Fernanda Zaldúa, socia de la empresa Latina Producciones. ¿Cuál era el interés de la inteligencia de Carabineros para querer escuchar las conversaciones de una productora de eventos? En las llamadas interceptadas aparecen diálogos de la productora con humoristas, como Álvaro Salas y Claudio Moreno (que encarna al personaje Guru Guru); con representantes de otros comediantes, como Kramer y Jorge Alis, y con el actor Fernando Alarcón. En los audios también figura el periodista de Canal 13 Carlos Zárate, e integrantes de los equipos de las cantantes Denise Rosenthal y Camila Gallardo. Las conversaciones también registran negociaciones para que bandas, como Chico Trujillo y Los Viking 5, participen en eventos municipales. Incluso, se registran consultas para contar con el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, como expositor en una charla.
Luisa Fernanda Zaldúa (de nacionalidad colombiana y quien actualmente reside en Israel) le dijo a CIPER que no sabía que sus conversaciones habían sido escuchadas y grabadas por Carabineros. Agregó que la policía no tenía motivos para hacerlo, porque ella y su empresa siempre han cumplido con la ley. Igualmente sorprendidos se mostraron el humorista Álvaro Salas y el periodista Carlos Zárate, quienes señalaron que han trabajado en eventos junto a Latina Producciones, pero que todo lo han hecho dentro del marco de la legislación vigente.
La agencia de Zaldúa es ampliamente conocida el mundo artístico. Actualmente incluye en su parrilla a comediantes como Javiera Contador, Fabrizio Copano, Bombo Fica y Coco Legrand, además de cantantes como Américo, Gepe, Pablo Chill E y Mon Laferte. También ofrece animadores de televisión e incluso charlistas, como Pilar Sordo y Cecilia Bolocco. Los registros de estas conversaciones interceptadas forman parte de la mayor filtración de documentos de inteligencia de Carabineros. Son cientos de miles de archivos, que en total suman más de 220 GB de información analizada y sistematizada durante más de un año por CIPER, y que han sido la base de la serie de reportajes Archivos Secretos de Carabineros, que comenzamos a publicar en enero pasado. En esta sexta entrega nos centramos en el funcionamiento de las interceptaciones telefónicas de la inteligencia policial.
EL MONTAJE CONTRA ALCAÍNO
A fines de 2017 y en medio de la Operación Huracán –en la que un grupo de dirigentes mapuche fue encarcelado por Carabineros utilizando pruebas falsas, el nombre del actor Daniel Alcaíno ya figuraba en las carpetas secretas de la Dipolcar. Según las fichas policiales, el actor, que encarna al personaje Yerko Puchento, era un financista en las sombras de la organización radical mapuche Coordinadora Arauco Malleco (CAM). El sustento de esa acusación eran diálogos en WhatsApp inventados por funcionarios policiales e implantados en teléfonos. De acuerdo con la versión que entonces difundió la policía, esos chats habían sido interceptados por un software llamado Antorcha. Las indagatorias de la Fiscalía probaron que Antorcha nunca funcionó.
Los documentos policiales reservados que ahora fueron revisados por CIPER muestran que la Dipolcar tenía contra Alcaíno otra batería de chats falsos, pero ahora relacionados con su vida privada y que buscaban enlodar su imagen pública. Desde fines de noviembre de 2017 el teléfono del actor fue intervenido. CIPER escuchó esas conversaciones y en ellas no hay ningún indicio de que Alcaíno allegara recursos económicos a organizaciones mapuche. Solo hay conversaciones con sus amigos, su esposa y periodistas. Por ejemplo, un documento elaborado por la Dipolcar, basado en conversaciones telefónicas del actor con el periodista Santiago Pavlovic -luego de que CIPER revelara que Alcaíno era uno de los blancos de la Dipolcar-, concluye que TVN estaba preparando un “reportaje exclusivo respecto de los pormenores de la Operación Huracán”
Aún no está claro por qué Carabineros consideró que Alcaíno era un “blanco de interés” para la inteligencia policial, pues a más de cinco años de que se destapara el escándalo de la Operación Huracán aún no comienza el juicio por ese caso, donde debería abordarse el espionaje al actor. En todo caso, en los meses previos a que sus llamadas fueran interceptadas, sus rutinas como Yerko Puchento, realizadas en la temporada 2017 del programa Vértigo, de Canal 13, fueron particularmente críticas con el alto mando policial. En una de ellas apareció disfrazado de carabinero y por más de 20 minutos disparó contra la institución en medio del escándalo del megafraude: “No estoy dispuesto a ser respetuoso con los que son ladrones en este país”, fue una de sus frases.
Luego de la Operación Huracán, la Dipolcar estaba desarrollando otro montaje: la Operación Andes, en la que relacionaba a comunidades mapuche con un contrabando de armas desde Argentina. En esa arista involucraban a Alexis Torres. Las pruebas también eran chats falsos supuestamente interceptados por el inexistente software Antorcha. Alcaíno ya había sido mencionado en este especial de investigación, en el reportaje que abordó el monitoreo de la Dipolcar a dirigentes políticos. En esa ocasión, CIPER consignó un documento policial reservado que señalaba que el actor supuestamente integraba el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). El actor indicó a CIPER que todas las acusaciones que se realizaron en su contra en el marco de la Operación Huracán “son absolutamente falsas”. Agregó que, para la fecha en que conversó con los periodistas señalados, “ya sabía que estaba ‘pinchado’”.
¿CÓMO Y POR QUÉ SE “PINCHA” UN TELÉFONO?
La interceptación telefónica es una herramienta que tiene a disposición la inteligencia policial para monitorear personas sospechosas de cometer delitos. Pero las leyes fijan normas y límites. La Ley de Inteligencia señala que se podrá “pinchar” un teléfono como parte de un “procedimiento de obtención de información” cuando no es posible conseguirla a través de fuentes de datos abiertas. Y el Código Penal especifica que se pueden interceptar comunicaciones telefónicas cuando “existen fundadas sospechas, basadas en hechos determinados, de que una persona hubiere cometido o participado en la preparación o comisión, o que ella preparare actualmente la comisión o participación en un hecho punible que mereciere pena de crimen, y la investigación lo hiciere imprescindible”. En cualquier caso, se necesita una autorización judicial.
La interceptación de los teléfonos también puede incluir georreferenciación (información sobre la ubicación de las antenas a través de las cuales un celular se conectó a la red en un momento determinado) y el registro de llamadas entrantes y salientes, el que incluso se puede obtener de manera retroactiva. La ley señala que las solicitudes de las policías a la justicia deben incluir los motivos por los que se quiere interceptar un teléfono, y la duración de la medida.
Aunque entre los documentos revisados para esta investigación aparecen interceptaciones telefónicas que cuentan con su debida autorización judicial, hay otras en que CIPER no pudo comprobar si fueron realizadas respetando los marcos legales. Por ejemplo, otro de los números telefónicos intervenidos a fines de 2017, asignado a un personaje no identificado, del que la policía solo manejaba su nombre y la inicial de su apellido (José M.), en realidad correspondía a otra persona que le dijo a CIPER que hace más de 10 años que tiene el mismo número y que ese no es su nombre, que tampoco está relacionado con la causa mapuche y que no se explica por qué Carabineros interceptó sus llamadas. La mayoría de las interceptaciones consignadas en los documentos revisados por CIPER resultaron un ejercicio inútil para la policía, ya que no arrojaron aportes a lo que se investigaba, desperdiciando recursos humanos y materiales.
