Uno de los grandes problemas que tuvo el proceso constitucional anterior, fue su terraplanismo en todo lo relacionado con el crecimiento. El dinero no crece de los árboles, y si un país no crece no se podrá financiar NINGUNA política pública.
No se trata de ponerse a construir sobre humedales o permitir que las empresas puedan contaminar, se trata de simplificar la toma de decisiones para que sean técnicas y eliminar la burocracia política que retrasa todo sin argumentos basados en la evidencia. Parte de una nota de La Tercera señala:
El ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones planteó que la idea de simplificar y acortar los tiempos de tramitación de los permisos sectoriales y ambientales, no implica desregular o relajar el estándar ambiental.
Briones señaló que, muy por el contrario, poder facilitar los procesos para que los proyectos de inversión sean aprobados, puede incluso robustecer los estándares que desde las entidades a cargo buscan hacer respetar y facilitar la fiscalización de que estos sigan cumpliéndose.
“Los proyectos mineros se demoran de 9 a 10 años, una planta desaladora demora 12 años, un proyecto industrial 4 años, centros de distribución 2 años y los proyectos inmobiliarios de 2 a 3,5 años, todos fuera del plazo legal”, precisó el ex ministro en un conversatorio de la empresa JLL “Permisología e Incertidumbre Normativa”.
En ese sentido, dijo que, producto de la permisología, los proyectos de inversión inmobiliario pueden demorarse incluso más de 3 años y medio, si es que necesita una Declaración de Impacto Ambiental y Estudio de Impacto Ambiental. “Lo que equivale en valor presente neto a entre 3 y 4 puntos de mayor impuesto corporativo”, explicó el presidente de Horizontal.
Finalmente, Briones dijo que, “una señal potente de certezas es la eliminación de las instancias políticas del proceso de evaluación ambiental. Las decisiones deben ser principalmente técnicas y no politizadas”, agregando que “simplificar y acortar plazos no es lo mismo que desregular”.
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