Todo lo relacionado con la Fundación Procultura se está volviendo extremadamente turbio: Ganaban contratos en todo Chile, la gama de trabajos que realizaban era ridícula, su rendición de cuentas era paupérrima, y lo único que hacían era subcontratar a expertos para que hicieran el trabajo mientras ellos se quedaban con la diferencia.
Como guinda de la torta, cuando algunos organismos del Estado le solicitaron la restitución de fondos por los servicios no prestados, se encontraron que Alberto Larraín había vaciado la cuenta bancaria de la Fundación. Parte de un reportaje de La Tercera señala:
A cuatro meses de que se cumpliera el plazo de los cuatro convenios que la Seremi de Vivienda de Antofagasta suscribió con la Fundación ProCultura, por un total de $500 millones, la cartera encabezada por Carlos Montes decidió poner término anticipado a los mismos. Esto, por graves incumplimientos. Junto con ello, además, iniciaron el proceso para que la ONG restituyera los fondos comprometidos.
Con miras en ese objetivo, el Consejo de Defensa del Estado solicitó la retención de los dineros que la entidad tuviera en la cuenta creada a propósito de los convenios. Sin embargo, tras diligencias realizadas por el receptor judicial Carlos Bonilla, se comprobó que el saldo que mantenía el organismo fundado por Alberto Larraín era de cero pesos.
LOS CAMINOS A SEGUIR
Una vez confirmado que no hay dinero en la cuenta de ProCultura por los convenios de Antofagasta, y considerando que Vivienda les está exigiendo la restitución de fondos, desde el CDE comentan hay distintas alternativas para asegurar que haya devoluciones.
En primer lugar se evaluarán los bienes que la ONG tenga a su nombre, y se podría pedir al mismo juzgado civil que decrete medidas cautelares sobre ellos. Aquello, para que no puedan venderlos ni traspasarlos a nombre de terceros.
Si no existieran esos bienes o su valor no fuera suficiente para cubrir el monto exigido, de acuerdo con las mismas fuentes, habría que esperar lo que ocurra en la vía penal, ya que ahí se podría retener bienes a imputados, eventualmente los representantes legales de la fundación.
DUDOSA RENDICIÓN DE CUENTAS
De acuerdo con la petición que ingresó el CDE intentando resguardar los fondos que fueron entregados a ProCultura, la entidad incurrió en varias faltas consideradas graves.
Como se lee en el escrito de 11 carillas, “se informó que la fundación ha presentado rendiciones desde noviembre de 2022 hasta agosto de 2023, encontrándose todas rechazadas debido a gastos improcedentes, errores contables y retrasos en la entrega de las mismas”. Además, agregaron que la ONG “incurrió en un gasto improcedente por gasto de arriendo ascendente a $54.200.000 que se ordenó reintegrar, sin que hasta la fecha se haya dado cumplimiento a esta obligación”.
Igualmente, se precisa que no entregaron los informes técnicos semestrales a tiempo y que en lugar de darlos a conocer en abril, los entregaron en agosto. Tampoco, como se indica, cumplieron con las rendiciones técnicas y financieras que se les solicitaban.
En el documento, además, el CDE expone que ProCultura “cuenta con un patrimonio exiguo y con recursos que solo han provenido de los convenios celebrados con instituciones del Estado, siendo un hecho público y notorio que sus últimas actividades han sido duramente criticadas, en términos tales que días pasados el Gobierno Regional de Antofagasta interpuso una querella contra su representante por el delito de apropiación indebida de dineros ascendentes a $373.002.500″.
Así las cosas, agregaron, la fundación en cuestión “enfrenta un dificilísimo escenario judicial, que en términos dinerarios asciende a $873.002.500 ($500.000.000 por el término de los convenios celebrados con la Seremi de Vivienda y Serviu, y $373.002.500 por el término del convenio celebrado con el Gore de Antofagasta), para lo cual solo cuenta con un inmueble avaluado en $9.982.366″.
