Una de las cosas que más demuestran que el Frente Amplio estaba incapacitado para gobernar, ha sido su pésimo manejo de la violencia de los secundarios.
Inventan razones para protestar, lo único que les interesa es destruir sus colegios, quemar micros y atacar a Carabineros, pero el gobierno los sigue defendiendo bajo la imbecilidad del “derecho a manifestación”.
Esto es simple: Secundario que es detenido secundario que debería ser expulsado del colegio. Si ellos no quieren estudiar que terminen en la cárcel, pero no puede ser que miles de estudiantes se queden sin clases por culpa de un par de vagos.
Ojo también con la complicidad de padres y profesores octubristas, ahí están los otros grandes responsables de la debacle de los Liceos Emblemáticos. Parte de un artículo de La Tercera señala:
En un año marcado por la violencia en los liceos emblemáticos, la Fiscalía indaga el lanzamiento de bombas molotov, ataques incendiarios y enfrentamientos con Carabineros.
Todos los hechos -al menos 133 a octubre de este año- son similares: primero la toma, la manifestación, romper el mobiliario del establecimiento y desatar verdaderas guerras campales en contra de la policía. El saldo: clases suspendidas y detenciones de adultos y adolescentes. Sin embargo, hay dos casos desconocidos que el Ministerio Público indaga con extrema preocupación.
ATENTADO A PROFESORES
El primero tiene que ver con el Instituto Nacional, el deteriorado establecimiento educacional donde se registraron más de 38 “salidas incendiarias” de sus alumnos en 2023. El caso que indaga la Fiscalía Centro Norte tuvo su origen el 18 de abril, cuando a las 9.15 horas de la mañana un grupo de entre 6 y 10 encapuchados salió desde el interior del recinto hacia calle Arturo Prat.
En la vía pública se registraron incidentes y alteraciones del orden público. Cuando Carabineros intervino todo se normalizó; sin embargo, puertas adentro se desataría una situación de suma gravedad que se mantuvo en reserva, hasta ahora.
Carabineros y la Fiscalía han podido reconstruir que ese día tras los encapuchados iniciaron una fogata en el patio central del colegio, comenzando a sacar sillas y mesas desde el casino.
Ante el ingreso de los vándalos y los riesgos a la integridad de la comunidad estudiantil se determinó la evacuación del establecimiento a las 10.05 de la mañana, quedando en el lugar 60 estudiantes con intenciones de mantener la toma.
De acuerdo al expediente, fue allí que intervino un equipo de funcionarios directivos y profesores para lograr que salieran del instituto, pero al llegar a una de las puertas que da a calle San Diego, algunos de los manifestantes les lanzaron botellas a los docentes y algo más: una bomba de ruido.
El artefacto estalló cerca de un grupo de profesores. Una de las docentes quedó con un daño acústico que derivó a su atención en un centro médico. La Tercera intentó contactarse con la mujer, pero desde su entorno no respondieron la solicitud.
La indagatoria para dar con quienes lanzaron la bomba de ruido está en curso; sin embargo, se cree que son los mismos que han participado en otros eventos. Por ahora, el Ministerio Público y Carabineros han buscado, a través de los profesores, identificar a los responsables, sin éxito.
Persiguiendo a disidentes
Cuatro personas, todos adultos y con estudios universitarios, están siendo indagados por la Fiscalía por una práctica que había sido identificada, al menos desde mayo, al interior del Liceo de Aplicación.
Los sospechosos cayeron, finalmente, en el radar de la policía el 7 de noviembre, cuando en medio de ataques incendiarios en los alrededores del liceo ubicado en Ricardo Cumming, carabineros notaron que había algunos sujetos sacando fotografías con cámaras profesionales.
Según expuso el teniente Nicolás Vilches en la investigación, estos sujetos fotografiaron las dependencias del liceo y a estudiantes adolescentes dentro del establecimiento. Así comenzó un seguimiento que en cosa de minutos tendría resultados.
Luego de que los desmanes se trasladaran al interior del recinto, Carabineros ingresó al liceo, donde comenzó un control de identidad a los encapuchados retenidos. “Efectuada una separación de alumnos según edad, se constata que 51 de ellos son menores de edad y 52 adultos, todos masculinos y vistiendo ropa de colegio o deportiva, los cuales se encuentran en el patio principal acompañados por personal docente”, se consignó en el parte policial.
De los 52 adultos, cuatro tenían cámaras fotográficas profesionales.
Fuentes del caso advierten que hay otras dos causas vinculadas a quienes operan en este grupo “antisapos”, las cuales están siendo indagadas bajo la reserva solicitada al Ministerio Público por la parte querellante.
