¿Recuerdan que el otro día hablamos sobre las innumerables inversiones que tiene paralizadas la ministra Maisa Rojas? Bueno, resulta que el tema escaló hasta La Moneda, ya que hasta la ministra de Obras Públicas la criticó duramente.
Esto es simple: En estos momentos la economía de Chile está en el suelo, no nos podemos dar el lujo de tener a una ministra que está en contra del crecimiento y desarrollo del país.
Nadie habla de contaminar ríos o hacer desaparecer humedales, se trata simplemente de no ser una fanática que paraliza y cancela inversiones sin mayores argumentos que su ideología.
Por lo mismo, debería ser la primera en salir del gobierno en el próximo cambio de gabinete que se hará después del plebiscito. Parte de un artículo de El Mostrador señala.
Pelea en La Moneda
“La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas (Ind), tiene parada la inversión en el país, no solo en infraestructura pública. Y su única agenda es el cambio climático. No existe en otra agenda”, afirma el presidente de la Comisión de Obras Públicas del Senado, Sergio Gahona (UDI).
Las palabras del senador se producen en medio de un largo y soterrado choque de visiones antagónicas entre la ministra de Obras Públicas, Jessica López (PS), y su par del Medio Ambiente por una serie de obras de inversión vial, así como obras sanitarias rurales e infraestructura pública, conflicto que ha sido monitoreado por el Segundo Piso de La Moneda
Según explican fuentes de la Dirección de Vialidad, a fines de octubre pasado se vivió uno de sus mayores rounds, pero no él único.
Carretera T-720
El episodio de tensión entre ambas secretarias de Estado se produjo tras el retiro de un proyecto de Vialidad, del Sistema de Evaluación Ambiental. El objetivo de la iniciativa era reconstruir la carretera T-720, que atraviesa el Parque Nacional Alerce Costero, en la Región de Los Ríos, y conectar La Unión con la zona de la costa.
En el Ejecutivo señalan que una serie de grupos ambientalistas contaron con el apoyo de Maisa Rojas en sus reclamos por cambiar “el trazado de una ruta que ya existe, aunque en muy malas condiciones para proteger algunos alerces”.
Concesión en Farellones
En junio pasado y luego de dos años de espera, un consorcio entre Icafal y Conpax, la sociedad concesionaria de la Ruta G-21, camino a Farellones, recibió una favorable Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Las empresas invocaron una cláusula de la licitación aludiendo al tiempo transcurrido y dieron por terminado el contrato, cuya tramitación ambiental se inició en 2020 y que contemplaba 94 mil millones de dólares. La situación no fue bien evaluada por la ministra López.
Para las autoridades del MOP, la presión de los grupos ambientalistas en el Consejo de Ministros y su influencia en la cartera del Medio Ambiente podrían disminuir al licitar los proyectos de concesión con la RCA ya visada por la autoridad ambiental.
Planta desalinizadora en Coquimbo
Otra diferencia quedó de manifiesto el 11 de agosto pasado, cuando el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático –que integran los titulares de las carteras de Agricultura, Hacienda, Economía, Desarrollo Social, Obras Públicas y Transportes, y que es presidido por la ministra Maisa Rojas– acordó la ampliación del “Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos Birregional en el Archipiélago de Humboldt” en las regiones de Atacama y Coquimbo, zona en la que se emplazan los proyectos Dominga, de Andes Iron, y Cruz Grande, de CAP.
Si bien la votación fue unánime, en la discusión la titular del MOP solicitó conocer la opinión de los servicios involucrados, contraviniendo la postura de la ministra Rojas, que era partidaria de votar todo de inmediato y rápido.
Al referirse al tema en un punto de prensa, con evidente molestia, la ministra de Obras Públicas sostuvo que “la aprobación vigente de la zona de protección en principio no toma en consideración los proyectos que el MOP tiene en carpeta desarrollar y, por lo tanto, para ejecutar cada uno de esos proyectos tendríamos que hacer un camino largo de evaluación. En este caso, la propuesta de ampliación considera excluir un conjunto de zonas que el MOP pidió excluir (…). Estaba preocupada, porque había un proyecto de construcción de una desaladora en la zona norte de Coquimbo, pero finalmente esa propuesta está más abajo del polígono”.
En ese punto, también los senadores de la Región de Coquimbo destacan una “disputa de poder” entre ambas carteras, ya que mientras la ministra del MOP es partidaria de las plantas desalinizadoras, la del Medio Ambiente tiene reparos importantes ante esa iniciativa.
Según ha expresado López a los senadores de la Comisión de Obras Públicas y de Coquimbo, “ella entiende que esta infraestructura ayudaría en la solución de la crisis hídrica para consumo humano”, como también para el desarrollo de proyectos mineros que contemplen esta alternativa.
En cambio, la titular del Medio Ambiente tiene una opinión situada en las antípodas. “No creamos que vamos a resolver esto (el problema del agua) poniendo una planta desaladora, porque lo que estamos viendo es que hay proyectos que no están bien coordinados, que no hay regulación. La planta desaladora puede ser una solución, pero también tiene impacto ecológico, la salmuera que es el producto que queda no es inocuo”, advirtió en LUN en 2022, a pocos días de ser nombrada ministra.
