Cuando Luis Thayer dice que el gobierno quiere regularizar a los inmigrantes ilegales porque “hay trabajos que los chilenos no quieren hacer”, es exactamente a esto a lo que se refiere.
Si existe alguien que está pasando piola por la grave crisis que ha provocado la migración sin control, son los empresarios agrícola chilenos.
Porque son ellos los que financian a políticos de todos los sectores para promover la migración ilegal y así tener mano de obra barata en condición de esclavitud. Una nota de Cooperativa consigna:
El Gobierno descubrió que 70 personas de nacionalidades haitiana, boliviana y chilena -incluidos niños- vivían en un campamento hecho de tablas y algunas carpas con condiciones mínimas de habitabilidad, y trabajaban sin contrato en un predio agrícola del sector Manzanares en la comuna de Renaico.
La situación fue confirmada gracias a una denuncia, que motivó una fiscalización por parte de la autoridad sanitaria y la Dirección Regional del Trabajo.
Esta última repartición adelantó que cursará las multas correspondientes a los dueños del predio, y que derivó los antecedentes al Ministerio Público de La Araucanía.
«En las mismas inspecciones pudimos constatar diversas deficiencias, tales como no contar con agua potable con resolución sanitaria; no contar con un tratamiento adecuado de aguas servidas ni de basuras; deficiencias en sus instalaciones eléctricas; no contar con protección contra incendios ni control de plagas; ni manejo de disposición de residuos», detalló el seremi de Salud de esa región, Andrés Cuyul.
Ha trascendido que los migrantes del grupo ingresaron de manera irregular al país.
