En un país serio Alberto Larraín estaría preso por desfalcar al Estado.
Una cosa es ser un profesional experto en un tema y prestarle servicios al Estado, eso existe en cualquier parte del mundo, el problema viene cuando esa fundación todos los meses se gana contratos en todo Chile en temas tan dispares como salud mental, administración de iglesias y pintar fachadas.
Alberto Larraín y su organización criminal deberían devolver todo lo que ganaron y pagar con cárcel todo lo que robaron, de otra forma, será una nueva muestra de impunidad para socavar la Democracia. Parte de un artículo de Radio Bío Bío señala:
Un preinforme reservado de la Contraloría General de la República (CGR), al que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile, expone una auditoría y examen de cuentas a las transferencias realizadas por el GORE Bío Bío en el marco del caso fundaciones. Esto, entre enero de 2021 y septiembre de 2023, dos meses después de que estallara el escándalo.
Si bien el ente de control administrativo revisó 12 de los 14 programas bajo la lupa en la región, el caso de Procultura aflora en los cuestionamientos por su elevado monto en comparación a sus pares. Y también por la rapidez con que obtuvo el financiamiento y la seguidilla de faltas detectadas en torno a la rendición de dichos fondos.
Entre las objeciones del informe, evacuado durante enero recién pasado, el organismo fiscalizador apunta contra la rendición de 5,8 millones en cerveza como parte de una actividad realizada en el festival REC (Rock en Conce). Y, además, al hecho de que Procultura no utilizó $990 millones que les fueron otorgados, los cuales no han sido reintegrados al GORE.
Trámite rápido
La Fundación Procultura, de acuerdo a una serie de documentos a los que tuvo acceso BBCL Investiga, fue una de las que recibió un trato rápido a la hora de obtener los recursos para su convenio. En cosa de días, el GORE Bío Bío les tramitó la entrega de $2.553 millones.
Procultura también tenía nexos de los que presumir: había sido creada en 2010 por el psiquiatra Alberto Larraín, que en sus inicios fue cercano a la DC, pero que luego se acercó al Frente Amplio (FA) y, en particular, al entonces diputado Gabriel Boric. Aunque, ha dicho que no ha vuelto a coincidir con él desde que fue elegido Presidente.
En el camino a conseguir los fondos estuvo presente otro rostro del FA, que fue parte del proceso: Miguel Crispi, en ese entonces subsecretario de Desarrollo Regional. Es decir, la autoridad que debía gestionar los fondos desde el gobierno central. Hoy ya no se desempeña en dicho cargo, sino como jefe de asesores de La Moneda. Lo fundamental del proceso tardó apenas 27 días.
Cerveza gate y los millones perdidos
El GORE puso fin al convenio con Procultura en noviembre de 2023. Les habían prometido $2.500 millones. Sin embargo, a la fecha le habían pagado “sólo” 1.500 millones y las rendiciones aprobadas habían alcanzado $515 millones. Es decir, quedó un monto no utilizado de 990 millones que, a la fecha de la revisión, todavía no había sido reintegrado a las arcas fiscales.
Eso sí, el GORE ya realizó las gestiones ante el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que persiga la restitución de los recursos. Asimismo, solicitó el cobro de la póliza de seguro asociado al convenio, por un monto de 7.720 UF. Es decir, unos 280 millones de pesos, los que —al menos hasta inicios de enero— tampoco habían sido pagados y que ciertamente no alcanzan para cubrir los 990 millones perdidos.
Aunque las objeciones también asoman entre los fondos que sí rindieron. Procultura acreditó gastos relacionados con la contratación de servicios de producción para llevar a cabo el REC. Contraloría puso el foco en un ítem en particular, de 45 millones, que fueron pagados a Eventos y Producciones Evolución S.A.
Según pudo corroborar BBCL Investiga, y tal como es conocido en el rubro, el director ejecutivo de esta última empresa es Manuel Lagos, quien también ejerce como director del festival penquista y es conocido como el hermano del animador Sergio Lagos.
Dentro de la suma mencionada detectaron gastos por 5,8 millones destinados al servicio de coctelería, que incluyó bebidas alcohólicas, según se advierte en las fotos de respaldo entregadas por la propia productora. Precisamente, por contrato, las compras de bebidas alcohólicas estaban expresamente prohibidas.
