Chile es un país viejo que necesita migración, pero si no es ordenada, por los pasos habilitados y con filtros mínimos, lo único que ganamos fue importar extrema pobreza y delincuencia.
Sobre esto último, actualmente el 26% de la población carcelaria son extranjeros, principalmente de Venezuela y Colombia, donde más encima se desconocen los antecedentes penales que tenían en sus países.
Las preguntas son obvias: ¿Hasta cuándo los políticos irresponsables y las organizaciones jesuitas seguirán promoviendo lo migración sin control? ¿Se dignará el gobierno a cerrar completamente la frontera y comenzar con las deportaciones masivas? Parte de un artículo de Ex Ante detalla:
El 3 de marzo, el juez del Primer Juzgado de Garantía de Santiago Fernando Guzmán envió a la Corte de Apelaciones de Santiago el acta de visita semanal al Centro de Detención Preventiva Santiago Uno, para internos que están imputados o acusados de diversos delitos.
El documento de 12 páginas dio cuenta de lo que calificó como “ausencia de Estado detectado al interior de los recintos penitenciarios”.
Los detalles del informe
– Se encuentran privados de libertad 4.859 hombres en el recinto penal, no obstante que su diseño original contemplaba la capacidad sólo para 2.568 internos y con la posterior densificación para 4.000 personas (simple habilitación de más literas en el mismo espacio construido).
– Hay al menos un 25% de hacinamiento, y pagándose una multa cuantiosa a la concesionaria por sobre poblamiento.
– Uno de cada 4 son extranjeros. “Del total (…), 1.281 son extranjeras, lo que constituye más del 26% de la población penal, 443 de los cuales son colombianos y 437 provenientes de Venezuela.
– Desconocimiento de antecedentes de extranjeros. “Existe un grave problema con respecto a la clasificación y posterior criterio de segregación de los extranjeros, pues los actualmente en prisión preventiva en este recinto son considerados de bajo compromiso delictual (no se tiene registro de sus antecedentes penales en el país de origen)”.
