Por esto es que no tiene sentido la defensa irracional que está haciendo el PC a Venezuela, ya que cada nuevo antecedente que aparece sobre el caso apunta a que el secuestro y asesinato del refugiado venezolano no fue un simple “ajuste de cuentas”.
Mención especial a la imbecilidad de Gabriel Boric en salir a defender al PC en su peor semana, ya que si se termina confirmando la injerencia de la Dictadura de Nicolás Maduro en la muerte de Ronald Ojeda, se hundirá de la manito con el PC. Parte de un artículo de El País detalla:
El secuestro y crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, de 32 años, que fue sacado de madrugada de su departamento de Santiago de Chile el 21 de febrero y cuyo cuerpo se encontró el pasado viernes 1º de marzo, todavía está lleno de preguntas que no tienen respuestas firmes.
La principal duda apunta al móvil del crimen, que se ejecutó de una forma inusual, según han coincidido los especialistas en Chile.
Tres sujetos vestidos como policías chilenos –con supuestos chalecos antibalas, cascos oscuros y los rostros tapados– lo sacaron de un departamento en un piso 14 de un edificio en el municipio de Independencia y se lo llevaron. Ojeda –refugiado político en Chile desde 2018– iba descalzo, maniatado y solo con su ropa interior, que habría sido clave para la identificación de su cadáver.
La operación revela que el secuestro fue planificado meticulosamente y que se consumó con profesionalismo.
Elementos que no cuadran
Hay elementos que no cuadran en el caso Ojeda, porque, a diferencia de los secuestros que han ocurrido en estos dos últimos años en Chile, del tipo extorsivo, sus captores no pidieron dinero ni se comunicaron con la familia. Si solo querían asesinarlo, entonces, ¿para qué secuestrarlo? Se arriesgaron, incluso, a que las imágenes quedaran grabadas en las cámaras de seguridad del edificio de Ojeda.
Cuando se produjo el secuestro, las autoridades no descartaron ninguna hipótesis, según declararon públicamente. Estaba sobre la mesa incluso un móvil político, porque Ojeda –abiertamente antichavista– había huido de Venezuela tras fugarse en noviembre de 2017 de la cárcel militar Ramo Verde, en la ciudad de Los Teques, a 29 kilómetros de Caracas, donde permanecía por rebelión, motín y traición a la patria, entre otros delitos.
Detrás del secuestro y asesinato, entonces, podría estar el crimen organizado en estado puro digitado por organizaciones como el Tren de Aragua, aunque con características audaces que no se habían visto todavía en Chile (secuestrar para, directamente, matar a alguien, sin pedir rescate). O el asesinato podría estar digitado por el crimen organizado, pero mandatado por otras fuerzas.
Las hipótesis siguen abiertas hasta que el fiscal Barros –que coordina una unidad fundada en noviembre pasado debido al alza inédita del crimen organizado en Chile– logre avanzar en su investigación.
Será crucial lo que ocurra con las dos órdenes de detención pendientes y el lunes en la audiencia de formalización del único apresado, un venezolano de 17 años que tendría participación directa en el secuestro. La diligencia, sin embargo, no será pública por tratarse de un menor.
