Imagen vía: DW/Chepa Beltran/Picture Alliance
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Las personas que han viajado al extranjero saben perfectamente que TODOS los países serios te paquean a más no poder, ya que entienden que no pueden dejar entrar a cualquier persona a su país. En cambio Chile, hace rato que nuestra frontera es un colador donde entra y sale el que quiere.
Que el gobierno lleve 2 años sin poder controlar la frontera sólo tiene dos explicaciones: O son el gobierno más inútil de la historia, o simplemente su objetivo es destruir al país con la migración caribeña. Parte de un reportaje de Meganoticias detalla:
Expulsiones no materializadas e ingreso de extranjeros con prohibición de entrar a Chile, son parte de las conclusiones de un informe de la Contraloría que pone en tela de juicio el trabajo de la Policía de Investigaciones, en medio de la crisis de seguridad nacional. La auditoría, a la que accedió MEGA Investiga, se centró en el periodo correspondiente entre el 1 enero de 2022 y el 31 de julio de 2023.
El informe resalta el caso de cinco extranjeros, provenientes de Alemania, Venezuela, Bolivia y República Dominicana, que habían sido expulsados de Chile, con una medida de prohibición de ingreso al país, y que pese a eso igualmente entraron por pasos fronterizos habilitados, lo que para el ente contralor «implica una debilidad en los mecanismos de control migratorio que realiza la PDI en esos lugares». Según Contraloría, las personas expulsadas retornaron a Chile por el control Los Libertadores y Chungará.
Así, se indica que esto “evidencia que dichos controles no resultaron suficientes para detectar la prohibición de ingreso al país, lo cual incumple para un caso de expulsión administrativa lo establecido en el artículo 136, de la ley N° 21.325”.
Por esto, la Contraloría señala que “corresponde que el servicio auditado implemente nuevos mecanismos de control en todos los pasos fronterizos habilitados a nivel nacional, que permitan detectar oportunamente los eventuales ingresos al país de los extranjeros con una prohibición de entrada”.
Expulsados podrían seguir en Chile
Otro de los antecedentes relevantes apunta a treinta casos, en su mayoría ciudadanos venezolanos, donde no fue posible constatar el registro de salida del país, lo que según Contraloría “podría dar cuenta de la permanencia de estos en el territorio nacional”. El ente fiscalizador llegó a esta conclusión a partir de las expulsiones informadas por Gendarmería que no se encontraban registradas en el Sistema de Gestión Policial (GEPOL).
Incluso, se detalla, que en once de estos casos, la PDI informó a los tribunales de justicia respectivos el cumplimiento de la medida de expulsión del territorio nacional, “sin que se haya acreditado su materialización”.
Además, señala que “se detectaron otros 17 casos donde la expulsión judicial, si bien se encontraba anotada en el citado aplicativo GEPOL, no fue posible verificar que efectivamente hubieran salido del país, al no registrar esas personas movimiento en el sistema de control migratorio”.
En paralelo, se determinó la existencia de 12 extranjeros que habían salido de distintas cárceles del país, por haber cumplido la condena o por una rebaja de la pena, sin que la PDI efectuara una denuncia ante el Servicio Nacional de Migraciones, para así resolver la expulsión durante la permanencia de aquellos en los recintos carcelarios, considerando la dificultad que presenta su ubicación una vez en libertad.
Mientras, que respecto a otros 47 extranjeros, de países como Venezuela, Colombia, Haití y Perú, que habían cumplido su condena y que tenían orden de expulsión administrativa, no fue posible verificar la materialización de ese proceso de salida del país.
Junto con instruir procedimientos disciplinarios en la PDI por estas deficiencias, la Contraloría derivó el informe a una serie de tribunales de garantía del país, a la Fiscalía Nacional y al Consejo de Defensa del Estado.
