Si algo deja en claro la formalización a Daniel Jadue, (que acá pueden verla completa), es que cuando se vio con opciones presidenciales perdió completamente el control y empezó a actuar de manera irresponsable, pasando por encima de la ley y cometiendo varios delitos en el camino. Notas de Ex Ante y La Tercera detallan alguna de las acusaciones de la Fiscalía:
FUNCIONARIOS FANTASMAS
“Análisis de Ingresos y Gastos Achifarp”. Así se titula el informe policial que ayer llegó a la Fiscalía, enviado por la Jefatura de Investigación Patrimonial y Anticorrupción del OS-7.
En el análisis se revisaron antecedentes bancarios -provenientes del alzamiento de secreto bancario- de la sociedad, detectando que los ingresos totales de Achifarp sumaron, entre 2017 y 2022, $3.233 millones, donde su principal fuente corresponde a entidades públicas en un 81,6%, observándose también ingresos de personas naturales y entidades privadas.
Sin embargo, el informe advierte que si bien los egresos totales de la asociación ascienden a $3.557 millones, donde su mayor gasto está en el pago a proveedores con un 68,1%, “se observan pagos sin identificar por parte del Banco Estado, en conjunto con pagos a personas naturales, las cuales no prestaron ningún servicio a través de honorarios o sueldos, tampoco son proveedores, por lo que se desconoce a qué corresponden estos pagos”.
DESFALCO Y DESVÍOS DE DINERO
El primero hace referencia a un acuerdo suscrito entre Achifarp y la Universidad de Concepción en junio de 2020 para el ensayo clínico y fabricación del medicamento Interferón Alfa Humano para el combate al Covid-19. Jadue comprometió financiar con $229 millones el proyecto para fabricar 183 mil dosis del medicamento.
Sin embargo el Instituto de Salud Pública ISP no autorizó a la universidad para fabricar el medicamento y solo les permitió la construcción de un laboratorio.
Pese a esto, María Eugenia Chadwick, jefa del departamento de salud de la municipalidad entregó un informe al concejo municipal de Recoleta para pedir un aporte extraordinario para Achifarp, señalando que contaban con las autorizaciones del ISP. Información que resultó ser falsa, dijo el fiscal.
“Durante el consejo de abril 2021, Jadue a sabiendas que el proyecto no contaba con autorización para fabricar Interferón entregó información falsa al concejo municipal para otorgar aporte extraordinario afirmando que se habían entregado todos los permisos para productor Interferón”.
El municipio traspasó “bajo engaño”, $204 millones a Achifarp, pero la universidad sólo recibió $25 millones y el resto se utilizó para pagar gastos y deudas de la asociación.
VENTA DE PRODUCTOS VENCIDOS Y FACTURAS FALSAS
Sin consulta a la asociación y sin que estuviera contemplado en los estatutos, Jadue arrendó en diciembre de 2020 un local en calle Los Leones en Providencia para crear una farmacia que vendiera insumos directamente al público en general, la que funcionó entre octubre de 2021 y mayo de 2022. El costo total de arriendo fue de $100 millones más otro monto para remodelaciones.
Testimonios de trabajadores a Fiscalía relatan que en la farmacia tenían instrucción de vender los productos vencidos. Según una trabajadora “yo estaba presente cuando a Daniel Jadue le dijeron que los productos estaban vencidos y él dijo que vendiéramos nomás”. Así, se vendían los glucómetros y cintas reactivas vencidas.
Entre octubre de 2021, en medio del traslado de productos a la farmacia, Muñoz Becerra ordenó a los funcionarios vaciar una bodega en Conchalí haciendo un remate de venta a público a “precios irrisorios”. La venta recaudó $40 millones, pero sin registro contable ni inventario y sólo se depositó a Achifarp $19 millones. Según Fiscalía, para ordenar las cuentas se emitió una factura ideológicamente falsa de una empresa de un amigo y socio de Muñoz.
COMPRAS CON SOBREPRECIO
Según Fiscalía los imputados se concertaron para que Achifarp vendiera a la municipalidad $99 millones en prótesis auditivas.
Para justificar la compra Jadue se concertó con Carmelo Sendra, director del Centro de Salud de Alta Resolutividad SAR de Recoleta, quien preparó al concejo un informe técnico falso para justificar la compra por trato directo. La municipalidad pagó un sobreprecio de $40 millones.
COMPRAS INNECESARIAS
De igual forma Jadue, que según el fiscal mantuvo oculto el mal estado financiero de Achifarp, consiguió que el consejo comprara a la asociación $58 millones en kit de glucómetros.
Carmelo Sendra elaboró un informe técnico falso titulado “Recoleta te cuida”, señalando que era una compra urgente dado las complicaciones de la diabetes.
Sin embargo, en las bodegas había glucómetros suficientes para la población de la comuna, que terminaron caducando.
Entre otras materias compraron mercaderías sin que existiera requisito de ninguna municipalidad por $1.384 millones, quedando la mayoría de los productos en bodega y sin uso. Actualmente no existe inventario ni se conoce el destino de los productos.
Contrario a los intereses de la asociación, generaron una deuda de $1.012 millones con proveedores. Muñoz Becerra, con autorización de Jadue, compró una camioneta a Achifarp en un valor menor a su costo, generando un perjuicio de $5 millones.
Muñoz también registra transferencias de la asociación a su cuenta corriente. En diciembre de 2020 Jadue “abusando del mandato” suscribió contrato de arrendamiento de un local en Los Leones, Providencia para instalar una farmacia.
También se registran pagos excesivos y sin justificación a los funcionarios de Achifarp.
COHECHO Y ESTAFA
Cohecho y estafa. También se relató las acusaciones por cohecho y estafa contra el alcalde. La estafa se refiere a que, en junio y julio de 2020, Jadue se reunió con César Ramírez, comisionado de la proveedora de insumos médicos Best Quality SPA. “El imputado Jadue aprovechándose del prestigio de su cargo de alcalde, aparentó que Achifarp tenía fondos de respaldo y facultades de las que carecía, a sabiendas que no tenía recursos suficientes para enfrentar la operación”, dice el fiscal.
La empresa vendió a la asociación termómetros, mascarillas, guantes de vinilo y pecheras por $1.384 millones. Sin embargo, Achifarp les quedó adeudando $1.012 millones.
En cuanto al cohecho, según el empleado, Matías Muñoz Becerra, secretario ejecutivo de Achifarp, también formalizado, le solicitó a la empresa la entrega de 417 millones a cambio de la celebración del contrato, mediante transferencias bancarias a su esposa.
Daniel Jadue, por su parte según el relato del denunciante, el 1 de julio de 202o solicitó un beneficio económico consistente en una donación de productos.
Esa misma tarde se entregaron los productos en dependencias de la sede de Recoleta del Partido Comunista. Insumos avaluados en $20 millones.
