Otorgar libertad vigilada a un narcotraficante sin domicilio no tiene ningún sentido, menos aún cuando hablamos de un inmigrante ilegal que era parte de la banda criminal más peligrosa que llegó a Chile.
Acá sólo hay dos alternativas: O estamos en presencia de los jueces más imbéciles del planeta, o los jueces ya están siendo amenazados/comprados por los criminales caribeños. Una nota de El Mostrador detalla:
Pasaron solo cinco días desde que el narcotraficante colombiano y soldado de “Los Gallegos”, Junior Suárez Hernández, fuera notificado de la pena alternativa de 4 años de libertad vigilada intensiva, para que tomara sus cosas y se fugara del país. El narcotraficante, que ingresó de manera ilegal a Chile, lo abandonó ahora legalmente por el aeropuerto Arturo Merino Benítez, pese a haber sido recientemente condenado.
El extranjero, que se dedicaba el 2022 al acopio de droga en la población Cerro Chuño para esta banda criminal, fue sentenciado por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, en un juicio abreviado y reservado que se efectuó el 15 de enero pasado, donde el Ministerio Público acordó con la defensa del imputado separarlo de los 44 acusados que contenía la causa original, al igual que a otros cinco coimputados. De esta forma, Suárez pudo ir a un juicio breve y acceder a una pena menor, dado que le reconocieron como atenuantes lo siguiente: no tener antecedentes penales y su colaboración con la investigación.
Para salir de Chile, el colombiano no usó el mismo paso no habilitado que utilizó al ingresar. Esta vez lo hizo por la puerta ancha: el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. Su huida fue con maletas y todo por ese recinto, pasando por Policía Internacional, sin despertar ninguna sospecha, pese a estar recién condenado.
Extrañamente, a pesar de conocer que el acusado había ingresado por un paso ilegal, que vivía en una toma y que solo había declarado como domicilio el de la Defensoría Penal Pública, la jueza de Garantía de Arica, Paulina Zúñiga, dictaminó que fuese condenado a cuatro años de presidio por tráfico ilícito de estupefacientes y que se le aplicara la sustitución de la pena, es decir, que en vez de ir a la cárcel, la cumpliera bajo el sistema de libertad vigilada intensiva..
Además, la jueza Zúñiga le impuso como condiciones que debía mantener contacto con un delegado de Gendarmería de Chile, mantener un domicilio y realizar un oficio o actividad. Y también le fijó la obligación de cumplir programas formativos, laborales, culturales relacionados “con los efectos nocivos de la droga en la salud pública”.
Una vez que salió del penal de La Serena, ciudad donde lo habían trasladado desde Arica por razones de seguridad, el colombiano debía presentarse en el Centro de Reinserción Social (CRS) de Gendarmería de Chile en Arica. Allí recibiría un plan de intervención que tendría que cumplir rigurosamente, a fin de evitar que el beneficio le fuera revocado.
Pese a estar advertido de esa condición, el 15 de enero, día en que fue leída la sentencia en el juicio abreviado, Suárez la incumplió y nunca se presentó en el CRS. Su ausencia fue reportada por Gendarmería de Chile el 8 de abril pasado.
