La vocera del mal llamado “Bus de la Libertad” Marcela Aranda, más conocida como la vieja loca que dice que “Chile quiere legalizar la pedofilia” y que “el Estado debe entender que hay un Dios que no se puede burlar”, además de ser asesora del Senador Francisco Chahuán, tiene un pasado aún más polémico como funcionaria del Gobierno de Piñera, en la Gobernación Valparaíso, donde cobraba un millonario sueldo sin trabajar. Una nota de The Clinic detalla la denuncia:
El 24 de marzo del año 2010, trece días luego de que Sebastián Piñera asumiera la presidencia, Marcela Aranda inició sus actividades a honorarios en la Gobernación de Valparaíso como “Asesora del gobernador (en ese entonces Raúl Celis) en materias de proyectos de inversión y coordinación de servicios públicos”. Según un documento del portal de Transparencia, la calificación profesional de Aranda era la de “licenciada de enseñanza media”, y su sueldo bruto superaba el millón de pesos.
Una vez finalizado su período de contrata en diciembre de 2010, fue nombrada como “asesora” del seremi de Salud de la V Región, Jaime Jamett. A las semanas, algunos funcionarios notaron que Aranda, no tenía un trato igual que el resto de los trabajadores. “A esa persona nunca se le vio trabajando acá. No estaba en el lugar físico, y además, cuando salió, demoró más de cuatro meses en devolver un teléfono que el departamento de informática le dio para su libre disposición, y que tenía minutos libres. Lo tuvieron que ir a buscar a su casa”, asegura hoy Darma López, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Seremi de Salud Valparaíso, Afussav.
Los funcionarios vieron con sospecha la cercanía de Aranda con senadores de Chile Vamos, como Francisco Chahuán, mientras supuestamente desempeñaba funciones en la seremi. En septiembre 2014, un recurso que el exjefe de Administración y Finanzas de la seremi ingresó a la Corte de Apelaciones destapó la tercerización de servicios prestados por Aranda y Manuel Millones (UDI), actual Core regional, cuyos sueldos eran pagados por la empresa APG. Según consta en las boletas a las que The Clinic tuvo acceso, tanto Aranda como Manuel Millones, recibían pagos vía boleta de honorarios por APG, empresa cuyo responsable en ese momento era el exdirigente regional del Partido Comunista de Valparaíso, Mario Rojas Puga. El sueldo bruto de ambos era de $1.300.000.
La situación indignó a los funcionarios. “Nosotros interpusimos una denuncia ante la Fiscalía, por uso fraudulento de recursos del Estado. Por cuanto la señora Marcela Aranda Arellano supuestamente trabajó cuatro años en la seremi de salud de Valparaíso, en los cuales habría recibido cerca de $60 millones sin un título profesional que la respaldara para ello”, dice López. Mabel Zúñiga, presidenta de la ANEF Valparaíso, apunta al rol que la empresa APG, la cual prestaba servicios de aseo a la seremi, tuvo en la contratación de los asesores. “Esta empresa, en particular, siempre ganó las licitaciones del seremi de Salud. Y por ese tiempo, pagó una alta cantidad de dinero a dos personas que ni siquiera trabajaban en la seremi. Mucho menos por razones de aseo”, asegura.
“Ella es una operadora política, de la derecha más recalcitrante de este país”, afirma Darma López. “Nunca pudo acreditar un título profesional, y de todas formas el señor Jaime Jamett le extendía el contrato”, acusa. Otra querella, presentada por el asesor jurídico Yuri Arancibia en 2016, buscaba esclarecer los delitos de cohecho y fraude al fisco cometidos presuntamente en la contratación a través de AGP de Manuel Millones, por “trabajos que no se habrían efectuado, generando con ello un daño patrimonial al Estado”. La causa, de la que el Consejo de Defensa del Estado es parte querellante, aún permanece en la Fiscalía Local de Valparaíso.
Lo que más indigna a Darma López, es que mientras Aranda cobraba como asesora de la Gobernación, también asistía regularmente al Congreso para llevar adelante una agenda en contra de lo que ella llama “ideología de género”. “Como dirigente muchas veces me tocó asistir al Congreso, y ahí estaba ella con el senador Chahuán. Una entiende que cuando cambia el gobierno, llegan nuevas personas, ¡pero tienen la decencia de venir a trabajar! Si usted cobra por algo y no viene, es un fraude”, concluye.
Nuevamente vemos a un facho que no trabaja viviendo de la teta del Estado… Y estos mismos después dirán que los pobres «quieren todo gratis»
