En algo que ya habían anticipado algunos expertos en reformas laborales, cuestionar aspectos contemplados en el proyecto enviado por el Ejecutivo, y que según declaró, no habían sido consensuados con la multisindical. Los puntos controversiales se refieren el aumento en las razones por las cuales los dirigentes sindicales podrían perder el fuero, y que el mismo texto del proyecto justifica desde “la necesidad de acotar la proliferación de malas prácticas que, finalmente, sólo contribuyen a la debilitación de los sindicatos”.
También se suma la delimitación a 3 semanas de horas de trabajo al año destinadas para la capacitación sindical, y una modificación que establece multas a las “prácticas desleales o antisindicales”. Y aunque la ministra de Trabajo, Javiera Blanco, defendió la incorporación de dichas modificaciones en el proyecto afirmando que se buscan «evitar hechos de violencia graves”, para los investigadores del mundo sindical, éstas no resultan coherentes con las intenciones inicialmente declaras, que apuntaban al fortalecimiento de los sindicatos. Así lo aseguró el economista e investigador de la Fundación Sol, Gonzalo Durán, quien entrevistado por El Desconcierto, afirmó:
“Es muy lamentable que se plantee que la huelga debe ser un procedimiento pacífico. Eso viene de la mano con el que si los dirigentes sindicales o los trabajadores, en medio de un proceso de huelga obstruyen el ingreso a sus empresas, eso puede significar el desafuero sindical”.
«La posibilidad de desafuero por “prácticas desleales” -como lo establece el proyecto- le otorga continuidad al actual Código Laboral. Esas disposiciones son tan ambiguas que en el fondo, lo más probable, es que todos esos temas se van a judicializar, y ya sabemos que cuando se toma ese camino, generalmente se tiende a favorecer a las empresas”
“Se observa que el proyecto ingresado al parlamento mantiene mucho las mezquindades que tenía el Plan Laboral de José Piñera del año 79, un código que es ultra-reglamentarista y que a nivel comparado de legislaciones donde los sindicatos son fuertes y autónomos, eso no existe”.
«Uruguay tiene una negociación colectiva del 90%, mientras que Chile sólo alcanza un 8%. Además, la criminalización de la actividad sindical alcanza niveles de ambigüedad considerables al momento de castigar el uso de la fuerza. Se habla de que las personas que ejerzan una fuerza física o moral serán castigadas, ¿qué se entiende por fuerza moral? Eso queda en un terreno tremendamente ambiguo, y la lectura que se hace de esto es dejar a la huelga dentro los parámetros más inofensivos que sean posibles, o como se dice en el mundo sindical, una huelga de challas y plumeros”
“Un acto huelguístico, por definición, es uno donde se paraliza la producción. Y esa es la presión para que la negociación pueda avanzar, porque muchas veces los empleadores, como sucede en Chile, no están dispuestos a conversar con los trabajadores organizados. Por lo tanto, que se planteen estos dispositivos para tener una huelga de challas y plumeros, nos perece lamentable”
Y BUENO, AHÍ TIENEN A BACHELET, «EL GOBIERNO DEL PUEBLO Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES»
