De manera que no sorprende, considerando que fue gracias a sus sobornos que se aprobó la Ley Longueira que sólo benefició a ellos, los empresarios de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), y la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), se opusieron rotundamente al proyecto de ley que busca anular la corrupta Ley de Pesca.
«Ni la ley ni la Constitución otorgan a nuestro Poder Legislativo la facultad de anular leyes. Lo ocurrido ayer (martes) con la Ley de Pesca, lamentablemente avalado por la presidencia de la Cámara de Diputados, constituye un peligroso intento por debilitar nuestro ordenamiento jurídico, contraviniendo el Estado de Derecho y el ordenamiento constitucional que nos hemos dado como nación»
«Estamos en un punto de inflexión y creemos que el camino que tomemos en este debate puede ser una señal determinante para el futuro. Por eso, llamamos a quienes la Constitución les concede la facultad de recurrir al Tribunal Constitucional, a hacerlo sin dilaciones, a fin que este órgano ponga término a esta iniciativa inconstitucional e ilegal. Estamos ciertos que el Gobierno tomará también las acciones necesarias. Vemos con gran preocupación que algunos, con una mirada de corto plazo, intentan tomar un atajo, ejecutando medidas populistas que pueden tener graves consecuencias jurídicas y económicas»
«Nos preocupa la transgresión de esta iniciativa a la normativa vigente y su impacto en la seguridad jurídica», comentó el líder de la Sofofa y añadió que «esta es una ley que cumplió con todos los trámites legislativos correspondientes, siendo el mismo Congreso quien la aprobó por mayoría y donde se determinaron las condiciones bajo las que operaría el sector en los próximos años».
«Desconocer ese trabajo no sólo marca un precedente preocupante para otras leyes, sino que enloda todo el trabajo legislativo realizado por los parlamentarios que conforman ambas Cámaras y que analizaron, mejoraron y aprobaron esta ley. Este cambio a las reglas ya definidas es sumamente negativo para la economía nacional y agregó que para dar garantías a los inversionistas chilenos y extranjeros, «el gobierno debe recurrir al Tribunal Constitucional (TC), ya que este tipo de medidas no generan ningún beneficio para el país».
Mientras estos delincuentes manejen TODA la economía del país las elecciones son un fraude y la democracia no existe
