La misma semana en que le rebajaron las medidas cautelares a Pablo Longueira, y autorizaron a Natalia Compagnon a viajar a Estados Unidos, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, conocida por su constante persecución a los Mapuche, revocó por cuarta vez en 6 meses la libertad de la Machi Francisca Linconao (60) y decretó nuevamente su prisión preventiva a pesar de sus problemas de salud. Todo esto sin tener pruebas, (el principal testigo denunció presiones de la PDI), y en un juicio que aún no se realiza ya que constantemente lo han aplazado a propósito, (y donde el Gobierno de Bachelet es parte). Un artículo de Villa Francia resume las múltiples irregularidades en la reapertura del Caso Luchsinger Mackay.
Corte de Apelaciones Anti-Mapuche
La Corte de Apelaciones de Temuco, en 9 oportunidades ha mantenido la prisión preventiva de los imputados del Caso (11 en total incluyendo a la Machi Francisca Linconao). En 5 de ellas ha revocado las libertades concedidas por el Juzgado de Garantía de Temuco, quien ha estimado que el único antecedente de participación es insuficiente para mantener la prisión preventiva.
Testigo clave del Caso Luchsinger Mackay denunció que fue obligado a denunciar Mapuches
Fue el pasado 30 de marzo cuando un gigantesco operativo policial irrumpió en casi una docena de domicilios dejando como saldo 11 personas detenidas, entre ellas la macho Francisca Linconao. El caso fue reabierto en base al testimonio de un supuesto “testigo clave” quien había confesado la participación de la Machi Linconao y otras 10 personas en el ataque a la residencia del matrimonio Luchsinger – Mackay la madrugada del 04 de enero del 2013. Por esta causa está condenado el Machi Celestino Cordoba. Sin embargo, en la propia formalización, el supuesto “testigo clave”, relató ante la jueza del Juzgado de Garantía que había sido obligado y presionado a dar un testimonio falso.
8 meses presos sin pruebas
Así, los 11 imputados en el caso Luchsinger-Mackay (en los que se encuentra la Machi Linconao) llevan más de 6 meses privados de libertad, con un único testimonio no ratificado judicialmente, y en cuya obtención se denuncia coacción ilegal. Pese a la existencia de jurisprudencia nacional e internacional que restan mérito probatorio a las declaraciones de co-imputados, aun de la misma Corte de Apelaciones de Temuco (Rol 791-2013, por ejemplo) el panorama judicial se vislumbra altamente complejo para los comuneros acusados.
¿Dónde está la prensa denunciando este montaje? ¿Dónde están los políticos exponiendo esta verguenza? Que 11 personas lleven presas 8 meses sin pruebas en cualquier otro país sería un escándalo. Pero claro, después nos dicen que estamos en «Democracia» y que Bachelet es «de izquierda»
