Uno puede estar de acuerdo o no en entregarle pensiones de gracia a víctimas del estallido social, pero entregársela a delincuentes por supuesto que se ve “feo”. Piensen en la señora Juanita que vio cómo el estallido social hundió al país y ahora ve la delincuencia es desatada. ¿Cómo creen que reaccionará sabiendo que CUARENTA delincuentes reciben dinero del Estado?
Esto es bastante similar al Caso Fundaciones, donde tenemos a un Estado regalando dinero a mansalva sin ningún tipo de fiscalización. Antes de hablar de cualquier reforma tributaria, habría que hablar sobre una reforma para la MODERNIZACIÓN DEL ESTADO. Es completamente absurdo que estemos botando la plata de manera tan ridícula. Notas de Ex Ante y Teletrece detallan:
Casi al término de la sesión de la Comisión Especial Investigadora sobre pensiones de gracia entregadas a personas por daños en el contexto del estallido social, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve informó que en total hay 40 que reciben este beneficio y que tienen antecedentes penales. Monsalve precisó que de esa cifra, 17 habían sido otorgadas por Piñera y las otras 23 restantes por Boric.
“Ninguno de los Presidentes tuvo a la vista los antecedentes como criterio”, dijo Monsalve en la comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados. De acuerdo al subsecretario, el procedimiento para otorgar este beneficio “no establecía poner a disposición ni exigir esos antecedentes”.
“Si hubiese que tomar una nueva decisión (sobre) ese procedimiento, debiese requerir el análisis de los antecedentes penales”, añadió Monsalve, quien precisó que “podemos garantizar dos cosas: las personas que tienen antecedentes penales, porque las hay, ya dije que eran 40, tienen en general, hay excepciones, pero son delitos menores y causas antiguas. Hay casos en que ese criterio no se cumple”.
PRÓFUGO DE LA JUSTICIA
El 5 de julio de 2019, el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago abrió una causa en contra de Juan Francisco Villalobos Prado, domiciliado en La Florida, como presunto autor de una estafa cometida el 6 de marzo de 2019 en calle Pedro Fontova de Conchalí. Se fijaron sucesivas horas para la formalización de cargos, pero el imputado no aparecía en su domicilio.
El 23 de junio de 2022, la jueza Elizabeth Melero del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago emitió una orden de detención contra Juan Francisco Villalobos Prado, dirigida a la Policía de Investigaciones. En ésta se instruía que fuera conducido al tribunal para comparecer en la causa por estafa y otras defraudaciones contra particulares.
El 18 de agosto de 2022 la jueza Carolina Reyes consignó que “atendido el mérito del Informe N°03793 de la Bicrim La Florida, informando el resultado negativo de la orden de detención despachada contra Juan Francisco Villalobos Prado y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 99 letra a) del Código Procesal Penal, se le declara rebelde en la causa”.
Sus antecedentes penales. Villalobos Prado registraba una condena de 2008 en Puente Alto por hurto. También, una causa por desórdenes públicos de noviembre de 2019, donde el tribunal aplicó el principio de oportunidad, es decir, la cerró por la baja pena atribuida al delito y no comprometer gravemente el interés público.
Ese mismo año se archivaron provisionalmente 2 causas por estafa abiertas en su contra. Además, registraba una causa por lesiones leves sobreseída temporalmente en 2015, y otras 2 de lesiones menos graves archivadas en 2014 y 2013.
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