Uno de los mayores problemas que tenemos con nuestra clase política, es que sólo les interesa la ganancia de la pelea chica del día y JAMÁS ven el escenario completo. Supongamos que gana el “A Favor” y tenemos una Nueva Constitución: ¿Dónde se va a meter la Derecha con los CIENTOS de problemas que generará?
Es un hecho objetivo que la Nueva Constitución es una mala Constitución y que ni por si acaso es mejor que la actual. ¿La van a aprobar sólo para darse un gustito a pesar de que será una bomba de inestabilidad para el país? Esta es la crónica de un desastre anunciado, y si se llega aprobar el mamarracho, los responsables tendrán que dar la cara.
No había querido dar cuenta de una razón fundamental para votar responsablemente «en contra» del proyecto constitucional para no prejuzgar el resultado final: la regulación de garantías penales. /1
— Javier Wilenmann (@JWilenmann) October 20, 2023
El texto aprobado de las garantías penales tiene una estructura que, si se lo interpreta como pretenden los que impulsaron, pone en riesgo el funcionamiento del sistema penal. Textos extremadamente importantes, como la Ley de drogas (Ley 20000), no serían compatibles. /2
— Javier Wilenmann (@JWilenmann) October 20, 2023
El cambio consiste en imponer una versión extrema del «principio de legalidad», esto es, la exigencia de que penas y delitos sean establecidos por ley. Sus contornos son difíciles de establecer bien y pueden generar problemas institucionales mayores cuando se lo hace mal. /3
— Javier Wilenmann (@JWilenmann) October 20, 2023
Idealista u oportunistamente, se tiende (desde sectores conservadores y progresistas) a sostener exigencias como que toda regla penal tiene que estar absolutamente determinada, que nada puede quedar entregado a la potestad administrativa, etc. /4
— Javier Wilenmann (@JWilenmann) October 20, 2023
Entre nosotros, esa postura fue tempranamente sostenida por los sectores más conservadores. En los trabajos previos a la constitución de 1980. Raúl Bertelsen sostuvo famosamente la idea de que ningún reglamento o acto administrativo podía complementar un tipo penal. /5
— Javier Wilenmann (@JWilenmann) October 20, 2023
Por eso, se exigía que la ley penal describiera «expresa y completamente» la conducta punible. La comisión, entendiendo que eso hacía imposible el funcionamiento del sistema penal en ámbitos regulados, eliminó la palabra «completamente». /6
— Javier Wilenmann (@JWilenmann) October 20, 2023
Es importante entender lo que está en juego. Sin complemento administrativo, las descripciones de cuestiones técnicas tienen que ser necesariamente más vagas – lo que afecta determinación. El caso típico es la Ley 20.000. /7
— Javier Wilenmann (@JWilenmann) October 20, 2023
Qué es una «sustancia estupefaciente» es fijado de modo preciso por reglamento, algo que no podría hacer la ley. Pero también se juega la referencia a dependencia de punibilidad de autorizaciones administrativas y otros aspectos centrales en ámbitos regulados. /8
— Javier Wilenmann (@JWilenmann) October 20, 2023
La regulación aprobada en el proyecto de nueva constitución se la juega por un camino más cercano a Bertelsen. Exige que la conducta punible esté «precisa y expresamente» descrita en la propia ley. Si va a ser interpretado bajo la idea algo absurda /9
— Javier Wilenmann (@JWilenmann) October 20, 2023
de que no puede haber complemento administrativo o no, está por verse. Pero el obj es darle plausibilidad a eso para impedir que sectores regulados tengan complemento penal. Eso pone en riesgo cuestiones mucho más allá de derecho penal económico. La ley 20.000, por ejemplo. /10
— Javier Wilenmann (@JWilenmann) October 20, 2023
El problema subsiste en algunas otras disposiciones penales. Muchas de ellas por omisión. Un problema central que tenemos en Chile, y otros países, son los regímenes transitorios en caso de modificación penal. El reconocimiento constitucional de favorabilidad /11
— Javier Wilenmann (@JWilenmann) October 20, 2023
genera que todo cambio penal sea un riesgo, en términos de que se use para favorecer – a veces de modo incomprensible – casos anteriores. Al igual que con legalidad, no se trató el problema. /12
— Javier Wilenmann (@JWilenmann) October 20, 2023
Por último, se incluyó una cláusula expresa de prohibición de penas desproporcionadas. Eso puede estar bien para evitar excesos en uso de tiempos demasiado largo de cárcel. Pero generalmente se ha usado para evitar el establecimiento de multas de contenido elevado. /13
— Javier Wilenmann (@JWilenmann) October 20, 2023
Y ha sido exitoso, sin refuerzo como el que se pone ahora. Lo que necesitamos son ciertamente más certezas, regulaciones institucionales más inteligentes y diferenciadas. Pero el texto ofrece lo contrario: profundización de problemas. 14/14
— Javier Wilenmann (@JWilenmann) October 20, 2023
TODA LA RAZÓN. El colega Wilenmann acierta sobre algo que ya hemos amenazado desde el derecho público: como la ultralegalidad -o remitir todo a la ley por una desconfianza atávica en el Estado- puede terminar llevando a un colapso en cadena de la Administración y Judicatura. https://t.co/ycjiAdP5O2
— René L. T. (ex Peugeot) (@ReneLarroucau) October 20, 2023
En efecto. La adopción de un principio de legalidad exhaustivo pone en riesgo la leyes penales en blanco que existen en el sistema punitivo. Por extensión, los tipos penales generales se interpretar restrictivamente al adicionar la noción que la conducta deba ser «precisa». https://t.co/3QH5bjLsH3 pic.twitter.com/ErbGMi9nlh
— Andrés Sepúlveda J. (@AndresSepCL) October 21, 2023
No había cachado esto del principio de legalidad en la propuesta y la verdad es que está preocupante https://t.co/oCMKdy5E2r
— ᵍᵃᵛʳⁱᵉˡ (@Gab000p) October 20, 2023
Muy buen hilo. Con ello, la llamada constitución de la seguridad, pasaría a ser la de la inseguridad. Paradojas que no se pueden dejar pasar. https://t.co/e6Wo7XC68y
— Álvaro Gallego (@alvarogallegod) October 20, 2023
Otro argumento más para decantar por el en contra https://t.co/iHG1ShTFtN
— Directora Amzy (@DirectoraYzma) October 20, 2023
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