Una investigación de CIPER reveló que de los 172 contribuyentes que el SII pide al Ministerio Público investigar por pagos de SQM sin respaldo, 59 personas tienen nexos con la UDI y 15 con RN. Siendo la UDI es el partido con más boletas que habrían sido usadas para financiar campañas. (Y eso que también ya lo eran en el Caso Penta).
Algunos de los implicados ya reconocieron que no hicieron trabajos para SQM y que sus pagos fueron triangulados por entidades gremialistas, como la Fundación Chile Justo, fundada por Pablo Longueira. La denuncia abre también una nueva arista sobre los pagos ilícitos realizados por las empresas pesqueras, reflotando de esta manera los sobornos comprobados con los cuales se aprobó la «Ley Longueira». Parte del artículo señala:
A los nombres de los ya implicados por la indagación judicial de Penta –Joaquín Lavín, Jovino Novoa, Ernesto Silva, Ena Von Baer, Iván Moreira, Felipe de Mussy, Pablo Wagner y Pablo Zalaquett– se agregan ahora contundentes acusaciones que involucran a 59 personas vinculadas a la UDI, que CIPER identificó. Entre ellas, aparecen dirigentes históricos de ese partido con millonarias sumas que habrían sido desviadas desde Soquimich para financiar campañas políticas.
La veta abierta por SQM ha puesto en la mira de Impuestos Internos y de la Fiscalía a otras importantes empresas que ocuparon la misma vía de las boletas falsas para financiar a dirigentes históricos de la UDI, como Pablo Longueira. Una nueva arista que arrastra a otros importantes dirigentes gremialistas, familiares y colaboradores de estos candidatos. Una verdadera máquina de financiamiento de campañas.
La suma de las boletas cuestionadas por el SII emitidas por contribuyentes vinculados a la UDI, en total sobrepasan los $536 millones. Ello, sin contar los dineros que fueron presumiblemente desviados desde SQM a entidades relacionadas con el gremialismo, como la Corporación de Asuntos Públicos (que facturó $131 millones a SQM) el Centro de Estudios Nueva Minería (controlada por Cristián Leay) y la Fundación Chile Justo (creada por Pablo Longueira).
La nueva denuncia del SII significa también otro remezón para la UDI en la víspera de su consejo general clave. Y ello porque entre los nuevos investigados por emitir boletas falsas para SQM figura la esposa del diputado Javier Macaya, quien asumió la presidencia interina tras la renuncia de Ernesto Silva.
LONGUEIRA
En la investigación abierta por la Fiscalía y el SII sobre financiamiento ilegal de la política proveniente de SQM, han aparecido nombres del entorno familiar del ex senador, ex ministro y ex precandidato presidencial de la UDI, Pablo Longueira. A fines de febrero se supo que un hijo del histórico dirigente gremialista figura en la nómina de personas que emitieron boletas a SQM en 2010: José Tomás Longueira Brinkmann, quien recibió $4,4 millones de la minera, lo que ahora se confirma al aparecer su nombre en la nueva denuncia de Impuestos Internos.
También se suma a la nómina Loreto Undurraga Casteblanco, quien está casada con Francisco José Brinkmann Estévez, cuñado de Pablo Longueira. Ella entregó boletas por $14 millones a SQM. Es profesora de educación básica, fue jefa de gabinete de la delegada Provincial de Santiago durante el gobierno de Piñera, donde recibía un sueldo de $1,3 millones. Loreto Undurraga, quien tiene una empresa de banquetería y dulcería que lleva su nombre, también ha recibido pagos de la UDI, de la Corporación de Asuntos Públicos y del Centro de Estudios Nueva Minería.
Rubén Carvacho Saéz y su esposa, Carolina Andrea Chamorro Martínez, también son nombres conocidos para Longueira. Carvacho es el ahijado que siempre nombra el ex senador. Hijo de feriantes, Longueira lo conoció en un campamento y lo apadrinó. Se tituló de abogado gracias a una beca de la Universidad Andrés Bello. Intentó sin éxito convertirse en diputado en las últimas elecciones. En el gobierno de Piñera trabajó en el Ministerio de Desarrollo Social, en la Coordinación de Concesiones del MOP y fue director de la Empresa de Abastecimiento en Zonas Aisladas. Su padre, Rubén Carvacho Rivera, fue un dirigente de base clave para abrirle a la UDI la puerta de las poblaciones y es concejal por Conchalí. Carvacho Sáez y su esposa recibieron $5 millones cada uno de SQM.
En la ampliación de la querella del SII aparecen personas que reconocen haber entregado boletas sin haber hecho trabajos reales para la minera y otras empresas, a petición de estrechos colaboradores de Longueira. Solange Andrea Hermosilla Chandía entregó boletas a SQM por $5 millones. Hermosilla además, percibió en noviembre de 2009 otros honorarios bajo investigación por altos montos, de tres empresas distintas, una de ellas vinculada a Leay. En la indagación reconoció que no realizó trabajo alguno para SQM ni para otras empresas a las que también entregó boletas:
En la nueva nómina de la denuncia del SII aparece también José Carlos Feres Ducci, hijo de un ex asesor de Longueira en el Ministerio de Economía: Carlos Feres Rebolledo, quien encabezó las negociaciones por la Ley de Pesca y fue presidente de la Empresa Portuaria de Talcahuano. Feres Rebolledo también asesoró a Hernán de Solminihac en el MOP y a Juan Carlos Jobet en el Ministerio del Trabajo. Su hijo recibió honorarios de SQM por $12 millones.
PESQUERAS
En la nueva nómina del SII figuran otros nombres relacionados con el sector pesquero. Uno de ellos es Alfonso Agustín Mora Domínguez, abogado asociado al estudio Baker & Mackenzie. Mora registra boletas para SQM por $12 millones y también ha recibido honorarios de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), además del Centro de Estudios Nueva Minería. Su hermana, María Loreto Mora Domínguez, también está incluida en la lista del SII por haber recibido honorarios de SQM por $16 millones.
Carolina Isabel Gazitúa Larenas es ingeniera en Administración de Empresas y fue asesora del ex senador de la UDI Jaime Orpis. Paralelamente, prestó servicios a la pesquera del Grupo Angelini, Corpesca, empresa que le pagó $73 millones entre 2008 y 2013. Recibió honorarios de SQM por $3 millones.
También con honorarios pagados por Corpesca, entre 2008 y 2009, figura la abogada María Francisca Cuellar Toro. De SQM recibió $3 millones. Fue analista del Departamento Jurídico del Serviu de Tarapacá entre 2011 y 2013 y vicepresidenta de la Juventud UDI en 2004. Postuló al Concejo Municipal de Iquique ese mismo año. En 2008 fue secretaria municipal del alcalde de Alto Hospicio Ramón Galleguillos (UDI).
El abogado Sebastián Prat Panatt figura en la lista del SII con boletas emitidas para SQM por $2,5 millones. En 2009 también recibió honorarios de Asipes. Pamela Cristina Campos Joost también aparece con honorarios pagados por empresas pesqueras. En la denuncia del SII figura con boletas para SQM por $9,2 millones. Ha recibido pagos de Asipes y de Pesquera El Golfo. También registra pagos de la Universidad del Desarrollo, la Fundación Jaime Guzmán, la UDI y la Municipalidad de Recoleta, además de Bancard, la sociedad de inversión del ex presidente Piñera. Pamela Campos prestó servicios a la campaña del ex mandatario en 2009 por $1,6 millón.
¿QUE MIERDA DE PAÍS TENEMOS SI LOS POLÍTICOS SON FUNCIONARIOS A SUELDO DE LOS EMPRESARIOS?
Y ESTOS MISMOS DELINCUENTES DICEN QUE «HAY QUE CUIDAR LA DEMOCRACIA»
