Si hasta un país como Suecia comenzará a expulsar sin condena a los inmigrantes ilegales que cometan delitos: ¿Qué estamos esperando nosotros para hacer lo mismo? Porque las cárceles chilenas ya están colapsadas de tantos delincuentes caribeños, y eso es no sólo es dinero que el Estado tiene que gastar en mantenerlos, significa también que llegarán cada vez más inmigrantes ilegales a visitarlos.
Cerrar totalmente las fronteras a la inmigración ilegal y comenzar a hacer deportaciones masivas de los inmigrantes ilegales que llegaron en los últimos 5 años, será fundamental si queremos recuperar el gran país que alguna vez fuimos, de no hacerlo, tengan claro que vamos directo a convertirnos en un Estado fallido. Un artículo de La Tercera consigna:
A las 17.14 horas del miércoles 4 de octubre las alarmas se encendieron en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS) de Santiago. Luego de que personal de Gendarmería realizara el proceso de cuenta y encierro de la población penal, efectivos de la sala de control de cámaras de vigilancia reportaron que todos los internos del 1° piso estaban golpeando las puertas de sus celdas, “iniciando alteración al régimen interno”, como se lee en la comunicación enviada por la alcaide de la Unidad Especial de Alta Seguridad al 7° Juzgado de Garantía de Santiago.
Según agregó en el mismo documento, la situación se dio producto de la disconformidad de los reclusos -entre ellos imputados por el homicidio del cabo Daniel Palma e integrantes del Tren de Aragua- con el régimen al que están sujetos y por la imposibilidad de que sus familiares ingresen a visitarlos.
De acuerdo con el escrito de la alcaide, 18 internos fueron responsabilizados por lo ocurrido, por lo que el 6 de octubre propuso las sanciones disciplinarias que debía aplicárseles: privación total de visitas por 30 días. Aquello, como se argumentó, porque no solo habían generado disturbios, sino porque también se autoinfligieron lesiones en brazos y piernas, y destrozaron cinco cámaras de seguridad y vidrios.
Sin embargo, el asunto no quedó solo en eso, pues al tomar conocimiento de todo lo ocurrido, el defensor penal público de Ovicmarlixon Garcés, David Fuentes, Luis Lugo y Lermi Albarran -encausados por el asesinato del cabo Palma-, Arturo Vergara, solicitó una audiencia de cautela de garantía producto de las condiciones en que sus representados se encontraban. Hizo presente, además, que estos habían tomado la determinación de iniciar una huelga de hambre.
Y es que como los mismos internos declararon ante personal de Gendarmería cuando se produjeron los hechos, no entendían por qué se impedía el ingreso de sus familiares, pese a que cuando estaban en otros penales esto sí ocurría. Todo, a pesar de que estaban en Chile en situación migratoria irregular.
Así las cosas, el 12 de octubre el juez Patricio Álvarez optó por darles la razón y ordenó a Gendarmería a que concedieran los permisos que correspondían. “Se autorizó el ingreso a la unidad penal en calidad de visitas de familiares y seres queridos de los imputados, en la medida en que dichas personas cumplan con los requisitos contemplados en las Resoluciones Exentas N° 2598 y N° 6622 de Gendarmería acerca de acreditación de identidad y enrolamiento, con su respectivo pasaporte o cédula de identificación correspondiente a su país de origen vigente”, se indicó.
Y agregó: “En lo sucesivo, la autoridad penitenciaria se abstendrá de impedir el acceso de visitas a los internos antes singularizados aduciendo razones referentes a la situación migratoria de tales personas”.
