Desde que estalló el caso “Democracia Viva” se supo que era corrupción con todas sus letras. Era una fundación que se habría creado recién el año anterior, no tenían ninguna experiencia para lo que fueron contratadados, el Seremi que les pasó la plata era amigo íntimo del dueño de la fundación, y para no levantar sospechas fraccionaron la entrega de dineros.
El detalle es que esto podría haber sido una anécdota, si no supiéramos que han explotado 29 casos similares en todo el país con exactamente el mismo modus operandi. Lo que falta dilucidar es qué hicieron con esa plata, porque si se la robaron es grave y tendrán que pagar con cárcel, pero si usaron esa plata para financiar campañas políticas, el Frente Amplio terminará desapareciendo. Parte de un artículo de Ex Ante detalla:
El primer informe elaborado por la Contraloría en 8 semanas se enmarca en una serie de indagatorias que realiza la institución encabezada por Jorge Bermúdez por el llamado Caso Convenios. En el documento se constata que hubo corrupción entre la Secretaría General Ministerial de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva liderada por Daniel Andrade, expareja de la diputada RD Catalina Pérez.
En el documento de 87 páginas se advierte que hubo asignación discrecional de recursos, incumplimiento del deber de abstención, fraccionamiento de fondos para eludir la toma de razón por parte del órgano Contralor, debilidades en la definición de proyectos que debían desarrollar las fundaciones, ausencia de planes de trabajo y debilidad en la rendición de cuentas.
Según fuentes vinculadas a la investigación, se estima que el mismo patrón se habría replicado en otras regiones y gobernaciones, es decir, personas contratadas por fundaciones que tienen puestos de trabajo, acceso a plataformas contables, teléfonos y correos de diversas Seremias.
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