Cuando tenemos a un gobierno que ha presentado querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado por patear un torniquete, quemar una banca y hasta por TIRAR UN HUEVO, pero que no lo hacen cuando pillan a terroristas de ultraderecha que amenazaron a una fiscal y tenían un arsenal de guerra, significa que simplemente no tenemos Democracia.
¿Con qué cara critican la rabia de la gente y las protestas si estamos en presencia de un régimen autoritario que sólo le aplica la ley a los opositores? Porque tengan claro si estos terroristas hubieran sido de izquierda estarían recibiendo cadena perpetua en tiempo récord. Una nota de Ciper detalla las MÁS DE MIL querellas que han presentado por Ley de Seguridad Interior del Estado:
En la otra vereda, la de los civiles acusados de cometer delitos durante las protestas, el gobierno ha continuado presentando querellas. Hasta el 7 de julio, según los datos proporcionados a CIPER por las autoridades, el gobierno interpuso 1.914 querellas, de las cuales 1.054 corresponden a infracciones a la Ley de Seguridad Interior del Estado. Como resultado de estas presentaciones judiciales, un total de 281 personas están hoy en prisión preventiva, según las cifras del Poder Ejecutivo al 7 de julio. Otras 216 se encuentran bajo arresto domiciliario.
La Fiscalía, por su parte, informó a CIPER que 299 personas estaban cumpliendo prisión preventiva hasta fines de abril, incluidos ocho menores. Según el Ministerio Público, desde el inicio del estallido social, unas 448 personas fueron sometidas a esta medida. En una parte de estos casos, las pruebas son videos grabados por agentes infiltrados en el momento en que se cometieron los actos investigados, según explicó el abogado defensor Nicolás Toro, quien trabaja con la Coordinadora 18 de Octubre y que representa a civiles acusados por el gobierno.
De todos los civiles formalizados, según un informe de la Defensoría Judicial de la Universidad de Chile, sólo 103 estaban presos hasta abril por desórdenes públicos o maltratos a policías. Para este organismo, el Estado chileno “ha adoptado estrategias de criminalización de la protesta social, inobservando criterios de legalidad, proporcionalidad, debido proceso y no discriminación en sus respuestas institucionales”.
